La Comisión Europea ha publicado este verano un detallado informe de evaluación de impacto que redefine el marco normativo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS) en el transporte marítimo, situando de forma diredcta a Gran Canaria y a las conexiones portuarias de las regiones ultraperiféricas francesas del Caribe como el modelo de referencia para evaluar la eficacia y la protección territorial de las nuevas directivas comunitarias. El documento oficial de la Comisión Europea ha sido elaborado por Martine Deprez, en calidad de directora y Secretaria General de la Comisión Europea, según consta en la nota de remisión de verano de 2026.
Por su parte, el informe y sus anexos de evaluación de impacto han sido formalmente dirigidos a Thérèse Blanchet, Secretaria General del Consejo de la Unión Europea. El documento oficial, validado en julio de 2026 bajo los expedientes legislativos 2026/0212(COD), 2026/0211(COD) y 2026/0210(COD), analiza con rigor financiero y técnico cómo la tarificación del carbono y el impulso a la descarbonización afectarán a las rutas de navegación, al tráfico de ferris y a la cadena logística insular sin desestabilizar su competitividad económica ni erosionar el flujo de suministros y mercancías.
El análisis de Bruselas examina de manera específica el impacto sobre los costes operativos derivados de extender el sistema de emisiones a embarcaciones más pequeñas, un factor crítico para las economías insulares y las zonas ultraperiféricas donde los enlaces marítimos actúan como arterias vitales. El informe señala que alrededor del 58% de los ferris que recalan en los puertos europeos tienen un tonelaje bruto comprendido entre las 400 y las 5.000 toneladas, lo que expone a una gran proporción de los servicios de transporte marítimo regular a presiones de costes por la compra de derechos de emisión.
No obstante, el estudio destaca que el entramado normativo europeo contempla salvaguardas esenciales para proteger los enclaves estratégicos. En el caso particular del Puerto de Las Palmas, nodo logístico internacional de primer orden junto a Santa Cruz de Tenerife, Bruselas subraya que las obligaciones de servicio público (PSO/PSC) y las exenciones específicas para las regiones ultraperiféricas y las pequeñas islas mitigan de forma directa los riesgos de desestabilización.
Aunque la supresión de determinadas exenciones podría plantear retos en flotas con condiciones especiales de navegación, el marco comunitario garantiza que la estabilidad del tráfico portuario y la conectividad marítima esencial permanezcan blindadas frente a la volatilidad de los precios del combustible y del carbono, evitando repercusiones lesivas en las tarifas de los usuarios y preservando el papel estratégico del puerto grancanario en el Atlántico medio.
