La Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra los dos tripulantes de una embarcación semirrígida que fue interceptada en diciembre de 2023 con un cargamento masivo de sustancias estupefacientes. Cada uno de los acusados ha sido condenado a ocho años de prisión y al pago de dos multas de 255 millones de euros tras reconocer su participación en un delito contra la salud pública, agravado por la extrema gravedad del uso de una embarcación para el transporte de la droga.
La operación, que contó con la colaboración de agencias internacionales como la DEA y la NCA británica, culminó el 6 de diciembre de 2023 en aguas del Atlántico. Un patrullero del Servicio de Vigilancia Aduanera localizó la lancha, de pabellón polaco, a unas 1.270 millas al suroeste de las costas canarias. En el momento del abordaje, los agentes hallaron 86 fardos de cocaína que los tripulantes custodiaban en el mismo habitáculo donde pernoctaban.
Tras la detención, la embarcación fue remolcada hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde atracó la mañana del 9 de diciembre para el pesaje oficial y registro de los efectos intervenidos. Los análisis confirmaron que el alijo transportaba 2.051 kilogramos netos de cocaína con una pureza del 85,9%, una mercancía cuyo valor en el mercado ilícito se estimó en más de 85 millones de euros.
Además de la droga, los agentes de Vigilancia Aduanera incautaron en el puerto tinerfeño diversos dispositivos de alta tecnología, incluyendo teléfonos satelitales, sistemas GPS y balizas de seguimiento, herramientas clave para coordinar la entrega en alta mar. Aunque la sentencia confirma que el destino final del cargamento eran las costas españolas, las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los cabecillas de la red criminal que organizó el envío desde Sudamérica.
La cosa fue así
El 30 de noviembre de 2023, tras un intercambio de información policial internacional, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos y la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido comunicaron, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la existencia de una embarcación sospechosa que podría estar transportando cocaína por el Atlántico con destino a Europa, concretamente a España. La información fue trasladada al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra. Según los datos facilitados, el 27 de noviembre a las 16:30 horas (Z), la embarcación se encontraba a unas 1.270 millas náuticas al suroeste de Tenerife.
Ante la gravedad de la alerta, el 2 de diciembre partió hacia la zona el patrullero , adscrito a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, con su tripulación habitual y con funcionarios del EDOA y de la UDYCO (Brigada Central de Estupefacientes) a bordo. El objetivo era verificar la información aportada por las agencias británica y estadounidense y proceder, en su caso, a la interceptación.
En la madrugada del 6 de diciembre de 2023, el patrullero localizó la embarcación en la posición 31º 18’N – 24º 27’W, navegando rumbo noreste. Al no apreciarse identificación visible, se ejerció el derecho de visita previsto en el artículo 110 de la Convención de Montego Bay para comprobar su pabellón y documentación. Tras aproximarse y requerir los papeles, se constató que se trataba de una lancha semirrígida cabinada, y supuesto pabellón polaco. A bordo viajaban dos tripulantes: uno de ellos francés.
Durante la inspección, los agentes observaron numerosos bultos que compartían espacio con los ocupantes en el habitáculo principal. Se contabilizaron 86 fardos. Una prueba indiciaria de droga realizada de forma aleatoria sobre uno de los paquetes dio resultado positivo en cocaína. En ese momento se procedió a la detención de ambos tripulantes.
Ese mismo 6 de diciembre se solicitó, a través del CITCO y al amparo del artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988, confirmación a las autoridades de Polonia sobre el registro del buque y autorización para su abordaje y traslado a puerto español. El 7 de diciembre, las autoridades polacas comunicaron que no constaba en sus bases de datos ninguna embarcación con esas características.
Por razones de seguridad y preservación de la prueba, los detenidos, sus efectos personales y los 86 fardos fueron trasladados al patrullero. La droga quedó depositada bajo custodia en el pañol correspondiente, con intervención de Guardia Civil y Policía Nacional. La lancha fue remolcada hasta el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde arribó en torno a las 09:00 horas del 9 de diciembre de 2023.
En el registro practicado en puerto se intervinieron diversos dispositivos y efectos: dos teléfonos móviles REDMI con tarjetas Vodafone; un teléfono satelital IRIDIUM; un teléfono satelital THURAYA; un GPS SPOT modelo SPOTXB; un GPS GARMIN; una tarjeta de memoria GARMIN; tres balizas GPS SPOTTRACE; una libreta con anotaciones manuscritas; documentación de la embarcación; un ordenador portátil PRIMUX; y un teléfono ALCATEL. También se incautaron 400 euros en efectivo a Baltasar y 1.008 euros a Camilo en el momento de su detención.
La inspección detallada de los fardos reveló que 85 estaban recubiertos por sacos de rafia blanca y uno por film transparente. En su interior contenían envolturas plásticas al vacío con pastillas marcadas con las inscripciones “DIOR” y “LOOK”. Los test realizados sobre varios fardos seleccionados al azar confirmaron nuevamente la presencia de cocaína.
El peso bruto total de la sustancia intervenida ascendió a 2.469,750 kilogramos y el peso neto a 2.051,100 kilogramos. Tras la diligencia de entrada y registro, la droga fue remitida al Área Funcional de Sanidad y Política Exterior de la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde los análisis determinaron una riqueza del 85,9% en cocaína. Se trata de una sustancia incluida en la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. El valor estimado en el mercado ilícito, según informe del EDOA basado en referencias de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2023, ascendía a 85.287.909,53 euros. Las investigaciones posteriores no permitieron identificar al resto de integrantes de la organización que habría organizado el envío desde Sudamérica.
