Boluda va a poder acceder a fondos de moderanización por la vía de defensa. En el complejo tablero de ajedrez que representan los puertos canarios, piezas clave como Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife están a punto de ver cómo sus «peones» más valiosos —los remolcadores— ascienden de categoría. La Unión Europea tiene previsto publicar en enero de 2026 sus nuevos documentos de estrategia marítima industrial y portuaria, un marco regulatorio que no solo busca la eficiencia técnica, sino que pretende elevar a los remolcadores a la categoría de activos marítimos estratégicos, situándolos al mismo nivel de importancia logística que los buques militares o los rompehielos.
Para el sistema portuario de Canarias, esta redefinición no es una cuestión menor. La Asociación Europea de Armadores de Remolcadores (ETA) ha sido contundente: estos buques son los primeros intervinientes en emergencias, protectores del medio ambiente y garantes de la seguridad en infraestructuras críticas. En un nodo como Las Palmas, donde el tráfico de graneles y el búnker exigen maniobras de altísima precisión, el reconocimiento de estos servicios como «pilares de la resiliencia» permitiría a los armadores locales beneficiarse de programas de financiación de defensa y seguridad como el Readiness 2030, transformando la flota actual en unidades digitalizadas y de bajas emisiones.
La crónica de esta transición regulatoria también pone el foco en la geopolítica de la competencia. La ETA insiste en que la Estrategia Portuaria Europea debe garantizar la igualdad de condiciones frente a puertos no pertenecientes a la UE, una alusión directa a la presión que ejercen los enclaves del norte de África sobre los puertos canarios. Al alinear el esquema de comercio de emisiones y la normativa FuelEU Maritime, Bruselas busca evitar la fuga de carbono y las prácticas desleales, asegurando que puertos como Tenerife y Las Palmas no pierdan competitividad mientras se transforman en centros de energía limpia.
El sector reclama un marco de ayudas estatales específico. La propuesta, respaldada por la ETA y los prácticos marinos, sugiere un instrumento de exención por categorías que aporte claridad jurídica a las inversiones portuarias. En Canarias, esto se traduciría en un impulso vital para la modernización de infraestructuras de combustibles alternativos. Los remolcadores, por tanto, dejan de ser meros auxiliares para convertirse en el seguro de vida de un ecosistema portuario que, representando el 1,1% del PIB nacional y gestionando el sustento de las islas, necesita blindar su seguridad operativa ante los desafíos de la década.
