El sistema portuario canario se consolida como uno de los bastiones del modelo de Centros Portuarios de Empleo (CPE). Según los datos auditados por la CNMC, la Autoridad Portuaria de Las Palmas cuenta con un censo de 431 estibadores integrados en su CPE, una cifra que se ha mantenido notablemente estable desde los 442 registrados en 2019. Por su parte, el puerto de Santa Cruz de Tenerife registra 304 trabajadores en 2023, mostrando una ligera tendencia a la baja frente a los 326 de hace cuatro años. En conjunto, el archipiélago sostiene una fuerza laboral de 735 estibadores que operan bajo una estructura que el regulador califica de «monopolio de facto».
A pesar de las reformas legislativas iniciadas en 2017, la manipulación de mercancías en los puertos de interés general, incluidos los hubs estratégicos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, continúa operando bajo estructuras de rigidez laboral que lastran su competitividad internacional. Según el informe de la CNMC de 2025, el 88% de los estibadores en España siguen integrados en un único Centro Portuario de Empleo (CPE) por puerto, una cifra que apenas ha variado y que muestra una preocupante resistencia a la entrada de nuevas vías de contratación.
El organismo supervisor advierte que este «monopolio de facto» genera costes operativos desproporcionados, ya que la manipulación de mercancías representa hasta dos terceras partes (66%) del coste total de la visita de un buque a puerto. En un mercado donde el transporte marítimo aporta el 1,1% del PIB nacional y sostiene más de 275.000 empleos, la CNMC recomienda la eliminación total de la regulación específica de los CPE para permitir la contratación directa o vía ETT, eliminando las barreras que impiden a las empresas optimizar sus plantillas.
El peso del factor trabajo en la estructura de costes
La rigidez del modelo actual se traduce en una asimetría salarial que impacta directamente en la cuenta de resultados de las terminales canarias. Según el estudio, el coste del personal de la estiba es el componente de mayor peso en la estructura de gastos de las empresas prestadoras, especialmente en el tráfico de contenedores, que es el más intensivo en mano de obra. En puertos de alto volumen como Las Palmas, la falta de flexibilidad en la organización del trabajo y la «preferencia de los trabajadores de los CPE» en los turnos limitan la capacidad de respuesta ante picos de demanda, un factor crítico para un hub de transbordo que compite en tiempo real con la costa africana. Los cursos de formación son otro turrón donde comen los operadores del Régimen del 78.
La CNMC identifica que el sistema de acceso a la profesión sigue siendo un cuello de botella, con riesgos de conflictos de interés en las evaluaciones de las prácticas. Para revertir esto, el regulador propone reducir la duración de la formación y facilitar la homologación de trabajadores de otros países de la UE, lo que podría inyectar dinamismo en un sector donde, históricamente, el control de la oferta de trabajo ha servido para mantener niveles de precios por encima de la media de eficiencia técnica europea.
