La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha diseñado una estrategia de contención para evitar el vacío operativo en una de las zonas comerciales y de ocio más sensibles de la capital grancanaria. El Consejo de Administración, presidido por Beatriz Calzada, ha acordado extender hasta el 31 de diciembre de 2029 el plazo para la tramitación de concesiones y prórrogas de los negocios radicados en la Dársena de Embarcaciones Menores (DEM). Esta resolución otorga un balón de oxígeno de tres años adicionales a un tejido empresarial que opera en régimen de interinidad mientras se define el concurso público que traspasará la explotación integral de la marina a un único gestor privado.
La medida del organismo público busca mantener la actividad económica y el empleo en un área portuaria que combina la náutica deportiva con la restauración. El nuevo modelo organizativo delegará la adjudicación de los locales comerciales en la futura empresa concesionaria de la dársena, un cambio estructural que mantiene en vilo al sector. Firmas de servicios náuticos, comercialización de pertrechos y reparación de buques como Rodritol S.L. ya han formalizado su solicitud para acogerse a este periodo de transición, garantizando su continuidad operativa en los muelles.
Limpieza de amarres y tensión en los pantalanes
Paralelamente a la estabilidad otorgada a los comercios, el puerto ha endurecido su política de disciplina sobre la lámina de agua. El Consejo de Administración ha dado luz verde al desahucio administrativo de tres nuevas embarcaciones que ocupaban puestos de atraque de forma irregular, elevando a 34 el número de desalojos ejecutados dentro del plan de regularización de plazas de la institución portuaria. Esta campaña de recuperación de espacios responde a la necesidad de optimizar los amarres y liberar áreas congestionadas de cara a eventos internacionales de alto impacto.
La presión regulatoria sobre los usuarios de los barcos se ha visto respaldada por la desestimación de siete recursos de reposición interpuestos por propietarios afectados. Los expedientes sancionadores revelan que varios titulares se negaron de forma sistemática a liberar los puntos de atraque en tránsito, plazas que estaban reservadas para la flota internacional de la regata transatlántica ARC (Atlantic Rally for Cruisers). La firmeza jurídica de la Autoridad Portuaria constata la prioridad de salvaguardar los compromisos logísticos internacionales sobre el uso no autorizado de los espacios públicos.
Ajustes presupuestarios y convenios de seguridad
Fuera de la dársena deportiva, el Consejo ha adoptado decisiones de calado técnico y económico. En el ámbito de la seguridad, se ha determinado la no adjudicación del contrato para un vehículo de rescate con brazo articulado destinado al parque de bomberos local, una licitación que superaba el millón de euros. La parálisis del expediente técnico se justifica por un informe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) que determinó la obsolescencia operativa del modelo licitado frente a las necesidades actuales de los muelles. No obstante, el puerto mantiene la aportación cuatrienal de 1,2 millones de euros al Ayuntamiento para la renovación de equipos de protección.
