El intento del gran capital industrial extranjero por recuperar peso directo en las Cortes Generales ha encontrado un muro inesperado dentro del PP. Germán Suárez Calvo, administrador de la empresa de capital griego Astican, líder de la patronal APD en las Islas, del Clúster Marítimo de Canarias y vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) en representación de Fedeport, lanzó el pasado mes de febrero de 2026 en la Cadena Ser un llamamiento explícito para agrupar al nacionalismo en un bloque parlamentario en Madrid. Seis o siete diputados, pedía el representante del astillero del puerto de Las Palmas creado por el ministro del bando ganador de la Guerra Civil, López de Letona.
Plantón a Cayetana, aislamiento y gestos vacíos
Desde esa tesis de pedir una CC fuerte en Madrid, que contraviene los intereses de Nueva Canarias, PP y PSOE, las relaciones entre Suárez Calvo y el PP están semicongeladas al igual que con la línea dura del PSOE canario a pesar del intento de distensión que hubo con una visita residual cuando el ministro de Industria, Jordi Hereu, visitó el principal negocio de Laskaridis en Canarias sin convocatoria de prensa. Este septiembre, en un almuerzo del PP con la APD y Cayetana Álvarez de Toledo en el Hotel Santa Catalina, Suárez solamente estuvo en la foto de apertura del encuentro y se marchó, según confirmaron fuentes del PP canario.
La ilusión del poder local
El pasado fin de semana en Canarias 7 el vicepresidente autonómico y líder del Partido Popular, Manuel Domínguez, ha sido tajante al certificar que el proyecto de influencia nacionalista propiciado por la empresa de reparación naval carece de recorrido político de cara a las elecciones de 2027.
Cálculos de la burguesía insular
No solamente fue en una entrevista en la Cadena Ser. En un acto con empresarios en Las Palmas dijo a principios de 2026 que «dadas las circunstancias actuales de España, sí creo, y no voy a arrugarme, en la idoneidad de volver a tiempos donde una unidad nacionalista tuvo un número importante de diputados en el Congreso, que trajo ventajas para Canarias«. «¿Y cuáles son las necesidades de Canarias? Y ante la pregunta, respondemos que hay que fortalecerse en el Congreso de los Diputados, y eso es un trabajo que han de afrontar los partidos, juntarse y concurrir juntos a unos comicios nacionales».
Aritmética del desengaño
Para el vicepresidente Manuel Domínguez, el empresariado isleño peca de nostalgia aritmética al confiar en la figura del «diputado 176» que históricamente permitió a Coalición Canaria condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La dirección del PP prevé una mayoría holgada en las elecciones de 2027 que inutilizará la capacidad de presión de las formaciones periféricas, dejando a un hipotético grupo nacionalista unificado sin margen real de negociación ante un Gobierno central que no necesitará sus votos para gobernar.
La irrelevancia como destino
Domínguez fue tajante al desestimar el impacto de las fuerzas locales en la próxima legislatura nacional. El líder del PP canario aseveró que «ningún nacionalismo, incluido CC, tendrá peso porque se prevé que haya un Gobierno holgado con el PP y, desde luego, si hay cuestiones necesarias para Canarias yo seré el máximo defensor de esta tierra esté donde esté«. El vicepresidente enfatizó que no se plantea la desaparición de las siglas regionales, pero vaticinó su irrelevancia al asegurar que no tendrán peso «ninguno, ni los radicales ni los no radicales porque los números van a dar. Hoy en día hay un Gobierno de España secuestrado a cambio de varios votos que le salvan la vida».
Burocracia de la supervivencia
La cúpula de los populares asume que la defensa de la cartera económica canaria —incluidos los 1.337 millones de euros adicionales al año en financiación autonómica y las partidas del «decreto Canarias»— será gestionada directamente por el PP en Madrid, anulando la necesidad de intermediarios empresariales o partidos regionales.
La ruina de las ambiciones medianeras
Este pulso exacerba la brecha abierta entre la agenda del puerto y los intereses de los partidos de ámbito estatal. Mientras los representantes de Laskaridis en Canarias demandan un brazo político cautivo en Madrid para proteger su negocio frente a otros enclaves internacionales, el Partido Popular redefine las reglas del juego al sostener que en el escenario post-2027 no habrá espacio para el arbitraje nacionalista, dejando la ambición parlamentaria medianera congelada antes de arrancar.
