Lo que debía ser el gran salto tecnológico de la industria naval canaria bajo el paraguas estatal de Navantia ha terminado convirtiéndose en un estudio de caso sobre cómo las «reglas del juego» portuarias pueden inclinarse hacia los jugadores locales del Régimen del 78. La eólica marina en el archipiélago, un sector que promete inversiones millonarias y la descarbonización de la economía, ha pasado de ser una promesa de libre competencia a un escenario que el círculos portuarios cualificados, cada vez con más fuerza, de monopolio encubierto.
La historia comenzó con un pliego de condiciones que muchos tildaron de suicida. La Autoridad Portuaria de Las Palmas sacó a concurso una parcela de 120.000 metros cuadrados exigiendo que el desarrollador asumiera la construcción del muelle y toda la infraestructura, con una inversión superior a los 25 millones de euros (algunas fuentes la elevan a 50 millones).
El resultado fue el esperado: el concurso quedó desierto. Ni siquiera la pública Navantia, con todo el músculo del Estado, ni necesita avales bancarios, vio viable un proyecto bajo esas exigencias. Sin embargo, lo que parecía un fracaso administrativo resultó ser el prólogo de una operación ejecutada con precisión quirúrgica. Navantia, de titularidad española, se quita del medio.
Apenas concluyó el plazo legal tras el concurso fallido, y al amparo de un resquicio en la Ley de Puertos que permite la adjudicación directa en estos casos, la empresa Boluda & Suárez General Cargo (la alianza estratégica entre el gigante del remolque Vicente Boluda y los socios locales Laskadiris) presentó su solicitud con «absoluta discreción».
Justo cuando maniobraban para hacerse con la parcela, la empresa vasca de apoyo técnico nórdico CCB Zamakona renunció a su concesión colindante tras años de litigios. Por «arte de magia», el tablero cambió: la parcela de Boluda y los socios locales de Laskadiris se infló hasta superar los 170.000 metros cuadrados, incluyendo una valiosa lámina de agua. No se sabe si ya se hicieron los pagos de tasas que superan el millón de euros.
Lo que antes era un proyecto inviable para Navantia se convirtió en una ‘Terminal logística de energía renovable’ con usos mucho más amplios y un periodo de explotación de 30 años. La contradicción es sangrante: mientras al resto del sector se le exigía construir el muelle con fondos privados, ahora es el propio Puerto quien, con fondos públicos, acometerá infraestructuras que este operador explotará en exclusiva.
