El sistema de apoyo a la internacionalización del tejido empresarial canario ha entrado en una fase crítica de escrutinio judicial. Lo que debía ser el motor para la expansión exterior de las islas durante el ejercicio 2025 se encuentra ahora bajo el microscopio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El conflicto emana de la Resolución 1922/2025 de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica, un documento fechado el 30 de diciembre que selló el destino de millones de euros en subvenciones y que hoy es el epicentro de una batalla legal que amenaza con bloquear la estrategia de promoción exterior del archipiélago.
La entidad mercantil Elittoral, Estudios de Ingeniería Costera y Oceanografía, S.R.L., una empresa en la órbita del Cluster Marítimo de Canarias, ha sido la encargada de prender la mecha jurídica. Esta firma, altamente especializada en un nicho tecnológico estratégico para Canarias como es el sector marino-marítimo, ha decidido no aceptar el veredicto administrativo y ha interpuesto el recurso número 42/2026. La decisión de la ingeniería ha forzado al Gobierno de Canarias, a través de su Secretario General Técnico, Marcos Barrera González, a ordenar la remisión completa del expediente administrativo a las dependencias judiciales en Las Palmas de Gran Canaria. El movimiento de Elittoral no es solo una defensa de sus intereses particulares; representa un cuestionamiento frontal a los criterios de baremación y concesión de los programas «Canarias Aporta» y «Aporta Digital».
El verbo clustear
Este despliegue judicial ocurre en un momento de especial vulnerabilidad para la economía canaria, que busca con urgencia diversificar sus fuentes de ingresos más allá del turismo. El programa Canarias Aporta ha sido históricamente la joya de la corona de la Consejería de Economía para impulsar a las empresas locales hacia mercados internacionales, mientras que Aporta Digital se diseñó como la respuesta necesaria a la globalización tecnológica. El hecho de que la justicia haya reclamado el expediente implica que existen indicios suficientes para revisar si la Dirección General de Promoción Económica actuó bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, o si, por el contrario, el reparto definitivo de fondos incurrió en vicios de nulidad o arbitrariedad.
La resolución que ordena el envío de la documentación no es un mero trámite burocrático; es una llamada a filas para todo el ecosistema empresarial beneficiario. El Ejecutivo regional se ha visto obligado a emitir un emplazamiento masivo a todos los interesados en el proceso. Según el mandato legal derivado de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cualquier empresa que haya resultado adjudicataria de estas ayudas o que se vea afectada por el resultado de la convocatoria dispone de un plazo perentorio de nueve días para comparecer ante la Sala. Esta situación genera un clima de inestabilidad operativa, ya que los planes de negocio, las contrataciones en origen y las campañas de marketing internacional de decenas de compañías dependen ahora de una sentencia que podría anular parcial o totalmente la convocatoria.
¿Retirará la denuncia?
El calado del recurso interpuesto por Elittoral pone bajo sospecha la gestión de las subvenciones en un año donde la digitalización empresarial se presentaba como el gran salto cualitativo para las islas. La remisión del expediente administrativo implica que cada informe técnico, cada puntuación asignada por el comité de evaluación y cada desestimación previa serán revisados por magistrados expertos en la materia. Si el tribunal encontrara irregularidades en la resolución del 30 de diciembre, el Gobierno de Canarias se enfrentaría a un escenario administrativo dantesco: la posible retroacción de las actuaciones, lo que obligaría a reevaluar cientos de proyectos de internacionalización digital y física cuando el ejercicio presupuestario ya está en marcha.
Mientras el TSJC en Las Palmas de Gran Canaria instruye el caso, la parálisis administrativa proyecta una sombra de duda sobre la eficacia de la Dirección General de Promoción Económica. La ingeniería costera que ha impugnado el proceso reclama, en esencia, una revisión de las reglas del juego. Para una región que intenta proyectarse como un «hub» de servicios tecnológicos en el Atlántico, la judicialización de su programa estrella de ayudas es un golpe reputacional significativo. El desenlace de este recurso no solo determinará el destino de los fondos del programa Aporta 2025, sino que sentará un precedente sobre cómo la administración autonómica debe gestionar el escaso pero vital músculo financiero destinado a sacar a las empresas canarias al mundo. El cronómetro de nueve días para personarse en la causa ya ha empezado a correr para el empresariado isleño, que observa con inquietud cómo su financiación exterior se decide ahora en los tribunales.
