La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia este 2026 condenatoria en el procedimiento seguido contra una red internacional de tráfico de drogas, revelando detalles operativos sobre cómo Tenerife se convirtió en el punto de inflexión para la incautación de una carga masiva de cocaína interceptada en alta mar. El tribunal ha validado el protocolo seguido por las autoridades tras el abordaje del buque Simione, una embarcación de bandera angoleña, en una operación que culminó con el desembarco y pesaje de la sustancia estupefaciente en la capital tinerfeña.
La cronología de los hechos sitúa el abordaje el 18 de diciembre de 2022, en aguas del Atlántico. Una vez asegurada la embarcación y detenida su tripulación por la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, se tomó la decisión estratégica de remolcar el barco hasta la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife, específicamente a la altura de los muelles areneros 18 y 23. Los informes de la Guardia Civil recogidos en la sentencia justifican este traslado por razones de seguridad náutica, ante el riesgo de vuelco por falta de estabilidad que habría supuesto intentar transbordar la carga en alta mar a un buque del instituto armado.
Una vez en tierra firme, bajo la supervisión de la autoridad judicial y con presencia del letrado de la administración de justicia, se procedió a una diligencia exhaustiva de registro, pesaje y toma de muestras. La operativa documentada en la sentencia detalla cómo la carga, compuesta por 115 fardos, fue trasladada a un contenedor para su custodia en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Esta cadena de custodia, que la defensa intentó cuestionar sin éxito, permitió confirmar la aprehensión de 2.866,52 kilogramos de cocaína con una pureza del 77,3%.
La Audiencia Provincial subraya la regularidad de este proceso. Los peritos y agentes de las unidades contra el crimen organizado de Galicia y Canarias ratificaron en el plenario cómo se realizó el pesaje utilizando básculas certificadas. La sentencia destaca que, mientras una parte de la sustancia fue enviada a la Sección Farmacéutica y Control de Drogas del Departamento de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife para su análisis forense, el grueso del alijo quedó depositado en la comandancia tinerfeña, a la espera de la orden judicial para su destrucción definitiva.
Con este fallo, el tribunal no solo ratifica la autoría de los condenados, sino que blinda el procedimiento de actuación en Tenerife como ajustado a derecho. El uso del puerto tinerfeño, lejos de ser un incidente menor, resultó crucial para garantizar la integridad de las pruebas y la seguridad de la operación, al proporcionar la infraestructura necesaria para gestionar una logística criminal de notoria importancia, frustrada finalmente por la intervención coordinada de los equipos de investigación.
