
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ejecutado una profunda reordenación en la estructura periférica del Instituto Social de la Marina (ISM) con el objetivo de maximizar la eficiencia operativa y agilizar los procedimientos de gestión del sector marítimo-pesquero. La nueva normativa, articulada a través de la Resolución del 22 de mayo de 2026, deroga de forma inmediata las regulaciones previas de 2022 y 2025 para adaptar el aparato burocrático a las exigencias presupuestarias actuales. El nuevo diseño organizativo impacta de manera directa en el archipiélago canario, donde el Gobierno central opta por mantener intacta la sensible bicefalia provincial de las islas frente a los drásticos procesos de macrocentralización territorial aplicados en la península ibérica.
Esta centralización de los expedientes internacionales busca desatascar los balances de las direcciones provinciales con mayor volumen de cotizantes locales, homogeneizando los criterios de resolución ante la compleja casuística de las tripulaciones de bandera extranjera. Con la entrada en vigor de esta norma el sábado 30 de mayo de 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones impone un marco normativo que equilibra la búsqueda de la eficiencia contable con el respeto a las especificidades logísticas de los archipiélagos, garantizando que el Puerto de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife conserven su autonomía de gestión frente a la progresiva concentración de poder administrativo en la capital del Estado.
La reforma firmada por la directora del ente público, Elena Martínez Carqués, consolida definitivamente un mapa de 25 direcciones provinciales en todo el territorio español, concebidas como las ventanillas clave para la gestión de las prestaciones y la formación sanitaria de los trabajadores del mar. En el caso de Canarias, el Ejecutivo central ha decidido blindar las competencias plenas de sus dos sedes históricas: la Dirección Provincial de Las Palmas y la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión contrasta con la agresiva política de concentración de suelo administrativo implementada en el interior peninsular, donde la Dirección Provincial de Madrid asume desde ahora, bajo una sola ventanilla de control, la gestión de los asegurados del mar de un macrocomplejo geográfico que engloba a 27 provincias del país.
La singularidad insular y la fortaleza del sector pesquero canario —clave para sostener la conectividad interinsular y la soberanía alimentaria regional— justifican la preservación de este doble eje competencial frente a la austeridad estructural que domina al resto de la periferia del Estado. A diferencia de autonomías como Cataluña o Andalucía, donde Barcelona y Málaga absorben respectivamente los servicios de las provincias limítrofes de Girona y de Granada, el régimen de las dos provincias canarias retiene el control absoluto de sus demarcaciones territoriales. Los armadores y marineros locales del archipiélago mantendrán la gestión directa de sus cursos de capacitación y las solicitudes de formación marítima y sanitaria en sus islas de residencia, evitando el desvío de sus expedientes hacia nodos logísticos ajenos a la realidad ultraperiférica.
El verdadero nudo gordiano de la nueva regulación radica en la drástica especialización de las pensiones y subsidios de incapacidad bajo el amparo de los reglamentos comunitarios de la Unión Europea. El texto legal decreta un modelo de «ventanilla única internacional» según el cual determinados países concentran el trámite y resolución de todos los expedientes, independientemente de dónde resida el marinero o dónde realizase su última actividad laboral en España. Bajo esta lógica, la tramitación de las jubilaciones vinculadas a grandes potencias pesqueras como Francia recae en Alicante, la de Alemania en Vilagarcía de Arousa, y las del Reino Unido y Países Bajos en Vigo, forzando a los operadores y mutualidades canarias a interactuar con centros de decisión situados a miles de kilómetros para resolver las prestaciones de los trabajadores retornados.










