Nuevo reto sobre la mesa de la patronal de los puertos de Canarias (Fedeport). La dirección de la CEOE de Tenerife afronta un riesgo legal de primer orden. La patronal hotelera ha exigido la retirada de la reforma del Código Ético y de Buen Gobierno incluida en el orden del día de la última Asamblea General. El argumento central sostiene que la actual cúpula carece de legitimidad institucional para implementar cambios estructurales mientras persiste el litigio por la validez de las elecciones celebradas en abril de 2022. Al menos no es como en Las Palmas donde el sindicato de la derecha estibadora forma parte de la CCE.
El requerimiento formal advierte al presidente de la organización, Pedro Alfonso Martín, sobre posibles acciones judiciales en caso de persistir en esta agenda. La base jurídica de la reclamación se asienta en la sentencia emitida en mayo de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Dicho fallo estimó la demanda presentada contra el proceso electoral, anulando los acuerdos que dieron origen al mandato actual.
El poder el CEOE de Tenerife se reparte así: Las Vicepresidencias de Organizaciones Empresariales y Empresas están integradas por Ángela Delgado Díaz (ASAGA Canarias ASAJA), Óscar Izquierdo (FEPECO), Juan Antonio Jiménez (FEMETE), Jorge Escuder (ASINCA), Abbas Moujir Hegeige (FAUCA) y Tomás Barreto Lorenzo (AGRUCAN), Bernabé Rodríguez (Grupo DISA), Juan García (Moeve), Francisco Javier Zamorano Sáenz (Grupo CIO) y Manuel Valle Lopera (Grupo Valora). La Tesorería, a cargo de Ana Muñoz González (Emelsa Servicios). Además, Elena Vela, al frente de la Secretaría General.
Advertencia
Aunque la sentencia se encuentra bajo recurso, el criterio sostenido es que la resolución judicial limita la operatividad de la directiva. Según este razonamiento, cualquier decisión que exceda la gestión administrativa rutinaria carece de respaldo legal suficiente mientras no se dirima la controversia judicial. La modificación del Código Ético, al tratarse de una alteración sustancial del funcionamiento interno, se clasifica como una medida fuera del alcance del comité en situación de interinidad.
La advertencia trasciende a la presidencia y alcanza a la totalidad de la junta directiva. El documento legal comunica a los vocales que el respaldo a propuestas que sobrepasen las funciones ordinarias comporta un riesgo patrimonial. Los integrantes del órgano de gobierno podrían asumir responsabilidades personales ante los tribunales si los acuerdos adoptados derivan en perjuicios económicos o reputacionales para la entidad o terceras partes.
La patronal hotelera mantiene abierta la vía de la litigiosidad. El escrito reserva expresamente el derecho a impugnar cualquier acuerdo asambleario que se apruebe bajo el actual cuestionamiento legal. La posible interposición de demandas por daños y perjuicios, sumada a otras medidas cautelares, sitúa a la estructura de la patronal tinerfeña en un escenario de parálisis operativa y alta incertidumbre corporativa.
