El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha acordado delegar en la presidencia de la entidad, ostentada por Beatriz Calzada, las competencias ejecutivas para constituir la nueva estructura de gobernanza en materia de ciberseguridad. La resolución, adoptada en la sesión del pasado 23 de julio de 2026 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, faculta a la presidenta para gestionar la designación de roles de seguridad, constituir el Comité de Seguridad de la Información y aprobar la normativa interna de protección digital del recinto portuario.
Esta medida se encuadra en la estrategia promovida por Puertos del Estado para dotar a las distintas autoridades portuarias del país de mecanismos comunes de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes cibernéticos. Con la incorporación de Las Palmas a este servicio gestionado corporativo, el puerto busca blindar sus operaciones operativas e informáticas y alinearse con los requerimientos legales dictados por el Real Decreto 311/2022, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
Los servicios de protección implantados abarcan desde la monitorización continua de amenazas, la gestión de vulnerabilidades y la vigilancia digital, hasta el soporte especializado en situaciones de crisis y los planes de continuidad de negocio. Asimismo, el esquema contempla la definición formal de responsabilidades organizativas y la formación continua del personal en materia de riesgos informáticos, garantizando un control integral de los sistemas críticos.
Hasta el momento, la competencia formal para nombrar los puestos de seguridad y validar la Política de Seguridad de la Información recaía de forma exclusiva en el pleno del Consejo de Administración. Sin embargo, el órgano de gobierno ha optado por traspasar estas facultades a la Presidencia amparándose en razones de eficacia organizativa, especialización técnica y agilidad en la toma de decisiones. La delegación surtirá efectos al día siguiente de su publicación oficial, poniendo fin a la vía administrativa.
