En las bodegas de los buques mercantes que conectan los puertos de medio mundo con Las Palmas se libra un complejo juego de pesos, mermas y balances contables. La resolución dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificando una sanción a Graneros de Fuerteventura por irregularidades en las ayudas al transporte de grano ha terminado por exponer una rocambolesca paradoja burocrática: cómo una inacción técnica del propio departamento de control financiero de la administración autonómica libró de la misma multa a su matriz, Compañía Canaria de Piensos (Capisa).
El reajuste logístico en el grano importado
El trasfondo del litigio reside en las operaciones de abastecimiento de materias primas agrícolas —fundamentalmente trigo y maíz— amparadas bajo el Régimen Específico de Abastecimiento (REA), herramienta clave del programa Poseican concebida para abaratar la producción en los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea.
Durante la travesía marítima, las cargas secas a granel sufren alteraciones de masa y humedad. Al desembarcar, la medición física en la dádiva muelle revela sistemáticamente discrepancias frente a los kilogramos reflejados en la factura comercial original. Para paliar este descuadre, las firmas importadoras que compartían flete acordaban repartirse proporcionalmente las pérdidas operativas.
El expediente de la Intervención General detectó que las firmas solicitaban y cobraban la subvención pública sobre el volumen bruto medido inicialmente al borde del buque, para posteriormente compensar las mermas mediante facturaciones cruzadas entre filiales en el ámbito insular. Este circuito contable provocaba que una fracción del cereal subvencionado fuera comercializado entre empresas del mismo grupo sin que se aplicara de forma directa la deducción económica del REA, vulnerando la trazabilidad exigida por la normativa comunitaria.
El informe que nunca llegó
Al fiscalizar los ejercicios 2017 y 2018, la Intervención General de la Comunidad Autónoma concluyó que esta metodología constituía un cobro indebido y propuso incoar expedientes sancionadores por infracción grave. Sin embargo, la tramitación contra la matriz del grupo tomó un giro completamente inesperado.
Iniciado el procedimiento contra Capisa, la entidad presentó alegaciones de defensa. La reglamentación autonómica exige que la Intervención General emita un informe técnico de valoración de dichas alegaciones, catalogado legalmente como trámite preceptivo y determinante para poder resolver. A pesar de que el centro instructor solicitó el documento en tiempo y forma, el órgano fiscalizador dejó transcurrir el plazo límite de tres meses sin redactarlo ni aportarlo al expediente.
Sin esa prueba técnica esencial en el expediente y ante la inminente caducidad de los plazos, la Viceconsejería de Economía se vio forzada a aplicar el principio constitucional in dubio pro reo (a favor del administrado) y decretar el archivo del caso, dejando exenta de sanción a la matriz.
Dos varas de medir en la misma operativa
La paradoja procesal estalló cuando la administración completó el expediente incoado contra la filial, Graneros de Fuerteventura, por la misma práctica con las mermas del cereal. En este caso, la Intervención sí emitió e incorporó su informe técnico dentro de los plazos legales.
La filial impugnó la sanción de 2.846,59 euros ante los tribunales, alegando una quiebra del principio de igualdad y falta de motivación al haber archivado el caso idéntico de su matriz. El TSJC ha desestimado el recurso confirmando la multa. La sentencia deja sentado que los fallos u omisiones procedimentales de la administración no generan derechos a futuro ni pueden invocarse como patente de corso para propagar situaciones irregulares.
El fallo cierra el contencioso judicial pero deja en evidencia la fragilidad de los engranajes de control interno: un mero retraso administrativo terminó neutralizando la capacidad sancionadora de la administración sobre la matriz harinera, exponiendo las grietas de la fiscalización de los fondos europeos en el archipiélago.
