La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado este mes de marzo sentencia firme confirmando las condenas para los integrantes de una organización internacional que utilizaba los puertos de Lanzarote como plataforma logística para introducir toneladas de hachís en España. La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, ratifica las penas de hasta seis años de prisión y multas millonarias para los principales implicados, tras desestimar sus recursos de casación.
La operación judicial, que tuvo uno de sus epicentros en el puerto de La Marina en Arrecife, destapó un complejo entramado donde ciudadanos de nacionalidad sueca, rusa, brasileña y rumana colaboraban para el transporte marítimo de estupefacientes. Según los hechos probados, el grupo adquirió en febrero de 2023 el velero ‘Raya’ (modelo Alfa 56) por un importe de 170.000 euros en la capital lanzaroteña, con el objetivo de prepararlo para travesías transoceánicas de carga de droga.
La sentencia detalla cómo los puertos de la isla fueron fundamentales en la fase de preparación. Los acusados realizaron labores de mantenimiento y reparación en Arrecife antes de trasladar el velero a Marina Rubicón, en Playa Blanca. Fue desde este último punto desde donde, el 18 de julio de 2023, la embarcación zarpó con destino sur para realizar la carga del hachís en alta mar, bajo la apariencia de una navegación de recreo.
La intervención definitiva se produjo apenas un día después de su partida de Playa Blanca. El patrullero Cóndor de Vigilancia Aduanera interceptó el velero a 95 millas al sur de Gran Canaria, descubriendo en su interior una cantidad ingente de droga: 167 fardos que sumaban más de 5,4 toneladas de resina de cannabis. El valor de la mercancía en el mercado negro se tasó en más de 11 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha sido tajante al rechazar los argumentos de la defensa, que cuestionaban la pureza de la sustancia. El fallo confirma las siguientes penas para los acusados de Suecia, Brasil y Rumanía: Seis años de prisión cada uno y dos multas de 22 millones de euros por persona. Para el acusado ruso, como cómplice a cuatro años de prisión y dos multas de 11 millones de euros. Además de las penas de cárcel, el Supremo ratifica el decomiso de todo el patrimonio intervenido, que incluye el velero, una lancha semirrígida de 12 metros de eslora valorada en 83.000 euros, maquinaria industrial y el dinero en efectivo incautado durante los registros en Torrevieja y Murcia, donde la red tenía ramificaciones.
