La resolución todavía no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La trayectoria de José Manuel Arnaiz Bra, quien fuera uno de los hombres fuertes del Partido Popular en la gestión portuaria y autonómica de Canarias, ha sufrido un revés judicial definitivo en la esfera mercantil. Según Atlántico Hoy, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha calificado como culpable el concurso de acreedores de Tacsames SL, la sociedad con la que el expresidente de la Autoridad Portuaria gestionaba el centro de mayores El Valle, en Las Palmas.
Cuentas bajo sospecha y el enigma de los ordenadores robados
La sentencia del magistrado Guillermo Fernández García es un relato de irregularidades contables y falta de colaboración institucional. Según el fallo, la gestión de Arnaiz no alcanzó los estándares mínimos de legalidad, detectándose discrepancias graves entre lo declarado en el Impuesto sobre Sociedades y la contabilidad interna de los ejercicios 2019 y 2020. Entre los puntos más oscuros que destaca la resolución se encuentran unas pérdidas injustificadas que se contabilizaron 250.000 euros como créditos irrecuperables sin aportar un solo documento que acreditara la realidad de dicha deuda.
¿Un robo?
La excusa del robo: Arnaiz intentó justificar la falta de información (como el inventario de bienes o la lista de acreedores) alegando el robo de ordenadores y un desahucio. El juez, sin embargo, considera que existió un «comportamiento omisivo» para bloquear la labor de la justicia. El déficit total de la quiebra asciende a 546.367,11 euros. A pesar de la gravedad de los hechos y de la conducta negligente apreciada por la administración concursal al seguir operando con deudas elevadas, Arnaiz ha logrado evitar la condena a pagar este agujero con su patrimonio personal.
La salvación patrimonial del ingeniero ha sido un tecnicismo legal: la administración concursal no logró demostrar jurídicamente que las irregularidades fueran la causa directa del incremento de la deuda, requisito indispensable para exigir responsabilidad económica según la Ley Concursal. Aunque su cartera personal queda a salvo, su carrera como administrador toca fondo. La sentencia le impone dos años de inhabilitación para gestionar bienes ajenos o representar a terceros, además de la pérdida de cualquier derecho de cobro que tuviera pendiente con la empresa. Arnaiz, que en los últimos tiempos mantenía un perfil público discreto y asesoraba proyectos de ingeniería para la ampliación del Muelle Deportivo —proyecto que fue rechazado—, se enfrenta ahora a un periodo de ostracismo legal.
