La presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tiene contratado con 14.600 euros netos para un servicio de asesoramiento del proyecto europeo Sotavento. La adjudicación ha recaído sobre el consultor Iñigo Gracia, quien previamente desempeñó funciones como técnico dentro de la Fundación Puertos de Las Palmas, tras un procedimiento de tramitación ordinaria y presentación manual en el que compitieron dos licitadores. No es público el otro licitador. Este empleado fue el que denunció a la Fundación Puerto de Las Palmas y ahora es un proveedor externo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Según fuentes conocedoras de la estancia laboral de Gracia en la Fundación Puertos de Las Palmas, cuando estalló la salida del exgerente Sergio Galván tras desvelarse la existencia presunto cruce de intereses, Gracia, que era el técnico que se encargaba de implementar proyectos europeos, dejó la entidad en medio de serias discrepancias con la entonces jefa de Órgano de Asistencia Unipersonal de la entidad, que es así como legalmente se llama el puesto de gerente y que fue despedida por la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada. El contrato está en vigor hasta septiembre de 2026. Aunque es consultoría para un proyecto de la UE, en el capital «no hay financiación con fondos de la UE», según fuentes oficiales. En su perfil en LinkedIn apunta que es empleado de la Fundación Puertos de Las Palmas.
¿Sobre qué asesora?
Es por el programa Sotavento, adscrito al INTERREG VI D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027 y que cuenta con un presupuesto global en la región que asciende a 2.450.856 euros, cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La iniciativa está diseñada para el fomento de la economía azul y busca transformar las instalaciones portuarias en garantes de la sostenibilidad marina y la innovación tecnológica. La función del adjudicatario consistirá en dar soporte técnico a una estructura que exige la justificación precisa de cada partida de gasto ante las auditorías de la Unión Europea, aliviando la carga burocrática de los equipos propios de la Fundación.
Julio 2028
La operativa del proyecto destaca por su dimensión transfronteriza, al conectar a socios de Canarias, Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Mientras que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife actúa como jefe de fila y líder del proyecto encargándose de la centralización técnica, la Autoridad Portuaria de Las Palmas debe coordinar las acciones locales con entidades internacionales como la Zone Franche de Nouadhibou o el puerto de Nuadibú. El trabajo sobre el terreno abarca supervisión de programas de capacitación laboral, campamentos tecnológicos e incubadoras de empresas azules, con un horizonte de ejecución fijado hasta julio de 2028.
Un aspecto técnico singular de esta adjudicación es su encaje presupuestario interno. A pesar de que las acciones globales de Sotavento se nutren de la financiación comunitaria, este contrato menor específico de asistencia aparece registrado en la Plataforma de Contratación del Estado bajo la condición de «no hay financiación con fondos de la UE». Esto implica que la Autoridad Portuaria de Las Palmas asume el importe de 14.600 euros con cargo a sus recursos propios ordinarios, una práctica contable habitual para agilizar la contratación de servicios de consultoría externos necesarios para el cumplimiento de los objetivos e informes de seguimiento del consorcio atlántico.
