El archipiélago canario se enfrenta a una brecha crítica entre la teoría y la práctica en la conservación de sus aguas. Según el informe Estado de las Áreas Marinas Protegidas en Canarias 2026, presentado por el Comité de Expertos del Proyecto MPAs Canary Islands, el 21,7% de la demarcación marina regional cuenta con figuras de protección legal. Sin embargo, este porcentaje esconde una realidad precaria: menos del 1% de la superficie goza de protección estricta y apenas el 11% de los espacios dispone de un sistema de gestión activa. El estudio, pionero al aplicar la metodología internacional The MPA Guide, advierte que gran parte de la red de protección marina sobrevive únicamente sobre el papel.
Las presiones sobre el ecosistema atlántico, caracterizado por una biodiversidad excepcional de cetáceos y especies en peligro crítico como el angelote, se han intensificado debido a la urbanización costera, la sobrepesca y el turismo masivo. La urgencia por revertir esta tendencia coincide con la ambiciosa meta de la Unión Europea de proteger el 30% de los océanos antes de 2030, un objetivo que sitúa a Canarias como una pieza clave para cerrar el déficit de cobertura de España. No obstante, los investigadores subrayan que la expansión de la superficie protegida carece de sentido sin una mejora cualitativa en la vigilancia y la financiación de los espacios existentes.
El diagnóstico científico propone una hoja de ruta para superar la parálisis administrativa que afecta a los planes de gestión actuales. Entre las prioridades destacan la creación de corredores biológicos regionales, la cooperación con los archipiélagos vecinos de la Macaronesia y la consolidación de nuevas figuras de interés, como el futuro Parque Nacional de Guguy en Gran Canaria o la propuesta en el Mar de Las Calmas, en El Hierro. La comunidad científica insiste en que el enfoque debe desplazarse desde la simple declaración de espacios hacia la implementación de medidas efectivas que garanticen la resiliencia climática del entorno marino.
El proyecto, financiado por la alianza internacional Ocean 5, busca transformar las islas en un referente de gestión sostenible, superando la fragmentación de la normativa actual. Las carencias en el seguimiento continuo y la evaluación de resultados han sido identificadas como los puntos débiles que impiden que la Red Natura 2000 y otras figuras regionales alcancen su potencial conservacionista. Con el respaldo de instituciones como la ULPGC, el IEO-CSIC y expertos internacionales, Canarias tiene ahora sobre la mesa un examen crítico para decidir si su compromiso con el océano será finalmente efectivo o si se mantendrá limitado a las declaraciones de intenciones.
