El control operativo del Puerto de La Luz en Las Palmas, uno de los nodos de avituallamiento y logística marítima más estratégicos de la ruta atlántica, registra una intensa batalla soterrada entre la legalidad administrativa y el poder fáctico de los lobbys empresariales, según ha desvelado Canarias Ahora. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha optado por un repliegue táctico, bloqueando la revisión de oficio del estatus jurídico de su director general, Francisco Trujillo.
Cuando un funcionario veterano como José Fernández airea que el expediente del director está vacío y que se saltaron la Constitución para sentarlo en el sillón, el lobby no responde con doctrina jurídica. Responde con teléfono, presión interna y silencios cómplices. Para Fernández, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, prefiere asumir el desgaste político, el tirón de orejas de Transparencia y el riesgo de que el Tribunal Supremo le tumbe la gestión antes que tocar al hombre de confianza de las patronales del muelle. Saben perfectamente que en un entorno tan cerrado, la lealtad mutua y el control de los accesos valen mucho más que cualquier principio de mérito y capacidad.
Mutismo
La permanencia del ejecutivo se mantiene inalterada a pesar de las crecientes evidencias de que su contratación original en 2008 vulneró los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, un escenario que introduce un severo riesgo regulatorio sobre la validez de las resoluciones comerciales firmadas por el organismo.
La crisis institucional se ejecuta bajo el mutismo de la presidenta de la institución portuaria, Beatriz Calzada (CC), quien ha desatendido los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno central. La opacidad del ente responde a una dinámica de protección corporativa amparada por las patronales más influyentes del empresariado local, un grupo de interés con un histórico historial de injerencia capaz de forzar el cese o la continuidad de altos cargos según sus conveniencias operativas. El mantenimiento de Trujillo en la cúpula garantiza la continuidad de la interlocución con estos operadores comerciales, aislando la gestión ordinaria de los estándares de control del sector público.
El fondo del caldero
La resistencia de la Autoridad Portuaria a tramitar el expediente de nulidad choca con la ofensiva jurídica liderada por José Fernández, ingeniero de Caminos y exdirector general de Costas del Gobierno de España. Fernández ha acreditado que en los archivos oficiales del puerto no figura ningún expediente que valide el proceso selectivo de Trujillo, quien accedió al cargo de jefe financiero de la mano del expresidente Javier Sánchez-Simón y posteriormente promocionó a director general bajo el mandato de Luis Ibarra. La ausencia de soporte documental, lejos de provocar el cese inmediato, ha operado como un vacío técnico que ha salvado provisionalmente a la presidencia actual de las sanciones de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
El entramado de intereses empresariales que protege la continuidad de la dirección general busca evitar un vacío de poder en una fase clave de captación de inversiones internacionales. Los lobbys portuarios ejercen su influencia en el consejo de administración para presentar las demandas de legalidad como meros conflictos internos de recursos humanos, orillando el hecho de que la persistencia de una contratación nula de pleno derecho debilita la seguridad jurídica de las concesiones de dominio público y los contratos millonarios adjudicados bajo la rúbrica del actual director.
Anestesia en Madrid
El conflicto ha desbordado el ámbito estrictamente insular tras la última ofensiva de la inspección técnica, que ha recurrido al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, para exigir la intervención del Consejo de Estado. La presión regulatoria se ha agravado tras la reciente jurisprudencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el pasado 11 de mayo. El alto tribunal ha ratificado con contundencia que las contrataciones en administraciones públicas que omitan los procedimientos de acceso competitivo no pueden derivar en la fijeza del empleado, invalidando la tesis del abuso de temporalidad y reforzando la posición de los demandantes que exigen la nulidad radical de la estructura directiva de Las Palmas.
El pasivo financiero que asume el organismo portuario ante una eventual declaración de nulidad es de difícil cuantificación para el holding público de Puertos del Estado. Si el Ministerio de Transportes atiende las peticiones de impugnación, el derrumbe en cascada de los actos administrativos firmados por Trujillo abriría la puerta a millonarias reclamaciones de indemnización por parte de navieras y operadores logísticos afectados por resoluciones técnicamente inválidas. La vulnerabilidad legal de la cúpula portuaria evidencia el coste de permitir que las dinámicas de captación e influencia de los lobbys empresariales prevalezcan sobre el ordenamiento jurídico común de las empresas estatales.
