Los datos proceden de los mecanismos de transparencia del Estado consultados exprofesso por este diario, no de filtraciones de la Función Pública. Al grano: La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha emitido una «opinión con salvedades» sobre los estados financieros de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El informe técnico, al que ha tenido acceso Canarymaritime, expone que la entidad «liquida tasas por unos bienes que no han sido registrados en balance, a pesar de formar parte del dominio público», una omisión contable que mantiene su activo neto minusvalorado en 13,97 millones de euros.
Esta distorsión obedece a la aplicación de bonificaciones a cinco grandes operadores que ejecutan obras privadas de infraestructura pesada a cambio de ver reducidos sus gravámenes, permitiendo de forma simultánea que «estas tasas se ven minoradas debido a que los citados activos han sido sufragados por el concesionario», sin reflejar estos derechos y obligaciones en los libros oficiales.
La distorsión contable identificada por la intervención estatal se traduce en un impacto financiero severo que minusvalora el activo total del puerto en 13,97 millones de euros debido a infraestructuras portuarias ocultas al balance oficial. Este desajuste concesional arrastra un impacto directo de 2,91 millones de euros en resultados de ejercicios anteriores no declarados correctamente, al que se suma una desviación de 451.000 euros de distorsión en la cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio anual. Finalmente, los auditores exigen regularizar una partida de 10,15 millones de euros que «deberían figurar en el pasivo y trasladarse a resultados durante el período concesional bonificado», advirtiendo además de que «similares hechos ya fueron expuestos en ejercicios anteriores».
La funcionaria traga
La rigidez de la auditoría estatal incide asimismo en la falta de transparencia del puerto a la hora de reflejar sus ventajas impositivas frente a la Agencia Tributaria. La IGAE califica como «insuficiente» la información suministrada por la presidencia de Beatriz Calzada en la nota 19 de la Memoria respecto a la activación de créditos fiscales por deducciones pendientes en el Impuesto sobre Sociedades, ya que «no se especifica la naturaleza de la evidencia utilizada para su reconocimiento ni, en su caso, la planificación fiscal». El organismo supervisor destaca que la dirección portuaria ha eludido detallar estos planes de control, incurriendo en una falta de desglose en la que «similares hechos ya fueron expuestos en ejercicios anteriores» por los equipos de inspección.
El dictamen pone de relieve que estas deficiencias de control interno comprometen la exactitud de los estados financieros del ente público. A pesar de los desajustes, la interventora territorial de Las Palmas firmó el documento validando que las cuentas expresan la «imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad», manteniendo la confianza en la «capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento». Las salvedades, no obstante, obligan a la corporación a reformular sus criterios de reconocimiento patrimonial si quiere evitar que la persistencia de estas omisiones acabe distorsionando las decisiones económicas de los usuarios de sus terminales logísticas.
