Era una entidad de fomento de la industria de la provincia de Las Palmas y se dejaron comer la tostada generando Cámaras de Comercio por Islas. En Santa Cruz de Tenerife la Cámara sigue siendo provincial en la lógica de saber perfectamente que los chiringuitos no funciona. Este abril de 2026 se cumplen 140 años del Real Decreto de creación de la institución de la isla que, carambolas de la historia, de mantiene viva gracias al presidente de izquierdas del Cabildo de la isla, Antonio Morales. Una exigua Cámara de Fuerteventura tiene la representación cameral en el consejo del puerto de Las Palmas y, tras ella, vendrá la de Lanzarote. Un anacronismo. Si la Cámara de Comercio de Las Palmas nació fue por el empuje de los empresarios del puerto de esta provincia hace 140 años, ahora es un bodrio. El diccionario de la RAE define bodrio como «caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos».
El objetivo era asegurar que el destino económico de las Islas Orientales se decidiera en los despachos de la calle León y Castillo y no en ministerios lejanos o consulados extranjeros. Ahora es dar cursos, ejecutar eventos y alguna cosa más pero de economía no opina, hace años que no hace alguna propuesta lógica. A modo de ejemplo, no tiene opinión sobre la crisis del petróleo de 2026 por la crisis de Oriente Medio. Mantiene una especie de ambigüedad absurda creyendo que le van a quitar ayudas con la cantidad de años que tiene a sus espaldas. Mientras tanto, patronales nuevas se la van comiendo por los pies.
A finales del siglo XIX, Las Palmas era un hervidero de ambición mercantil que ya no cabía en los corsés de las instituciones tradicionales. El esquema mixto de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (RSAP) resultaba anacrónico, y el Círculo Mercantil, aunque activo en la lucha contra los impuestos de consumo, había derivado irremediablemente hacia lo social y recreativo. La Junta Local de Comercio, por su parte, era un organismo inerte.
El vacío de poder para articular los intereses de los ‘nautas’, industriales y comerciantes fue llenado por el Real Decreto de 9 de abril de 1886. Sin embargo, no fue hasta el 10 de marzo de 1901 cuando un grupo de figuras prominentes decidió que el «rearme local» era urgente para contrarrestar el creciente dominio del capital extranjero en el Puerto.
La Comisión Organizadora que firmó la petición histórica ante el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas estuvo encabezada por Antonio Gómez Navarro. A su lado, la nómina de fundadores leía como el ‘quién es quién’ del comercio transatlántico: la Viuda de Tomás Bosch y Sintes, Juan Bosch y Sintes, Miguel Curbelo Espino (el futuro ‘Rey del Puerto’), Salvador Cuyás y Prat, Tomás Lozano Pérez, Antonio Castillo Santana, José Melián Marrero y Enrique Sánchez Gaviria. La autorización oficial llegó el 13 de abril de 1901.
La estructura del poder: El reinado de Curbelo Espino
La Cámara nació con una jerarquía férrea y una división por colegios electorales que abarcaba Gran Canaria (Las Palmas, Arucas, Gáldar, Agüimes), Lanzarote (Arrecife) y Fuerteventura (Puerto Cabras). El primer cuadro directivo de 1901 sentó las bases: Presidente: Antonio Gómez Navarro; vicepresidente: Salvador Cuyás y Prats; secretario general: el banquero majorero Juan Rodríguez Quegles; contador: Antonio Castillo Santana y archivero-bibliotecario, Pedro Ramírez Trinidad.
Sin embargo, la figura que marcaría la institución hasta 1936 sería Miguel Curbelo Espino. Sucedió a Gómez Navarro en 1903 y se mantuvo en la presidencia de forma casi ininterrumpida (salvo un breve hiato en 1927 por conflictos con la Junta de Obras del Puerto) hasta 1928. Curbelo no solo era el presidente de los comerciantes; era el nexo con la Junta de Obras del Puerto (JOP), institución que la propia Cámara instó a crear en 1905.
A lo largo de las décadas, otros nombres clave sostuvieron la estructura: vicepresidentes como Tomás Lozano Pérez, Cástor Gómez Navarro y Antonio Castillo Santana; secretarios como Antonio Saavedra Hernández y Martín Saavedra Ramos; y tesoreros como Ignacio Cantero Afonso y Juan Díaz Benítez.
El mapa empresarial: Comerciantes, Industriales y Nautas
El Reglamento de 1912, basado en la Ley de 1911, impuso la adscripción forzosa y el pago obligatorio. El censo electoral de la Cámara (Legajos 40 al 47 del ACCINLP) muestra un crecimiento explosivo: de los 1.087 electores en Las Palmas en 1917, se pasó a 3.475 en 1936. La distribución de poder en la Junta era un reflejo de la economía insular: Comercio, el grupo dominante, con 22 miembros hacia 1930. Las empresas de navegación estaban representadas por consignatarios (6 miembros) y navieros/dueños de barcos de pesca (2 miembros). Aquí, la presencia de firmas extranjeras fue vital. La industria tenía cinco representantes y los empresarios de artes, fueron incorporados desde 1918.
La Cámara no fue una balsa de aceite; funcionó como un lobby y grupo de presión frente al Estado. Uno de los primeros choques ocurrió en 1901, cuando la Cámara se opuso frontalmente a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que pretendía gravar la importación de cereales. La Cámara, abanderada del Régimen de Puertos Francos, defendió la libertad de mercado y la «plenitud de los efectos económicos» de las franquicias.
1927 y la división provincial
En 1902, la Cámara intervino directamente en la economía real al nombrar una comisión para fijar las ‘Tarifas para gastos de descarga de mercancías’. Esto generó tensiones con las empresas carboneras, que sospechaban de un trato de favor hacia los consignatarios locales. La pugna por el control local también se dio en la subasta de arbitrios. La Cámara apoyó a la Asociación Gremial de Arbitrios de Puertos Francos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura frente a la Compañía Arrendataria, provocando una fractura interna entre sus propios socios. Y ya mejor no opinar del gran papel que tuvo en la división provincial de 1927.
Con la llegada de la Segunda República, la estabilidad de la era Curbelo saltó por los aires. Tras una breve Comisión Gestora, la presidencia recayó en Juan Miranda Márquez, quien navegó los años de inestabilidad política apoyado por directivos como Dionisio Bautista Martín, Isidro Brito González, y los secretarios Eduardo Azofra del Campo y Francisco Caballero Rodríguez. La Guerra Civil pondría fin a esta etapa de «organización libre», transformando a la Cámara, a partir de 1936, en un mero organismo de gestión de intereses privados ante el nuevo Estado. Pero para entonces, la Cámara de Las Palmas ya había logrado su objetivo fundacional.
