Viene contestación social en las calles de Las Palmas si se mantiene la política de hechos consumados en el Puerto de La Luz y hay elecciones en 2027. El Puerto de La Luz y de Las Palmas se ha convertido en el epicentro de un intenso litigio civil y ambiental que amenaza con alterar los planes de contingencia energética del Gobierno de Canarias a propuesta del PP.
Un frente unificado de organizaciones sociales y colectivos ecologistas ha manifestado su rechazo frontal a la instalación programada de una central eléctrica turca flotante en las dársenas portuarias, una infraestructura flotante diseñada para inyectar potencia al sistema eléctrico de Gran Canaria ante el riesgo estructural de apagones. Las entidades civiles califican la maniobra de «hipoteca ambiental y sanitaria» para la capital de la isla, denunciando que el uso de una disparatada planta flotante qe contamina 9 veces más que la planta de Jinámar y que rompe de forma directa los compromisos de descarbonización vigentes en el marco normativo de España y la Unión Europea.
La coalición opositora, integrada por el Foro Por La Isleta, Guanarteme Se Mueve, la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, Canarias Tiene Un Límite, Greenpeace y Salto a la Transición Ecológica, critica con dureza la opacidad administrativa que rodea al proyecto gubernamental. Las asociaciones denuncian haber tenido acceso a los detalles operativos únicamente a través de filtraciones en medios de comunicación, acusando a las autoridades de instrumentalizar el miedo al desabastecimiento eléctrico para forzar la aceptación resignada de un buque contaminante entre la ciudadanía. El argumento de la provisionalidad por emergencia es recibido con escepticismo por los portavoces vecinales, quienes recuerdan precedentes internacionales donde barcos de generación eléctrica similares prolongaron sus contratos de forma indefinida debido a la falta de inversiones en redes estables de almacenamiento limpio.
El factor geográfico: los vientos alisios bajo la lupa sanitaria
El principal punto de fricción técnica reside en la proximidad del atraque previsto al istmo y al barrio de La Isleta, un núcleo urbano densamente poblado que supera los 20.000 residentes. Los informes técnicos de los colectivos ciudadanos alertan de que la dinámica atmosférica de la zona costera capitalina jugará en contra de la dispersión de los residuos gaseosos. Los vientos alisios dominantes del nordeste empujarán la pluma de dispersión contaminante del buque directamente hacia la trama urbana, afectando a infraestructuras críticas y sensibles del barrio como centros de educación infantil, institutos de enseñanza secundaria, la residencia de mayores y el centro de salud de la zona.
Las organizaciones fundamentan sus advertencias médicas en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), asociando la combustión continua de derivados del petróleo en zonas portuarias con el repunte de patologías cardiovasculares, crisis asmáticas crónicas, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y un incremento estadístico en la mortalidad prematura urbana. Este escenario evoca el reciente rechazo social que paralizó el proyecto de la planta regasificadora de la empresa Totisa en el mismo recinto, un precedente que los movimientos vecinales invocan para reactivar las movilizaciones callejeras bajo la consigna de que la salud pública del norte de la ciudad no debe actuar como moneda de cambio ante las deficiencias históricas de la planificación energética del archipiélago.
Exigencias de transparencia fiscal y técnica al Ejecutivo
La ofensiva de los colectivos ecologistas ha tomado la vía formal mediante la exigencia de una batería de auditorías públicas a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El bloque civil también apunta al impacto presupuestario del proyecto, exigiendo transparencia total sobre las condiciones contractuales del buque energético. Las demandas incluyen la publicación del coste totalizado para el erario público, la repercusión final de la tarifa en la factura eléctrica del consumidor canario, el origen exacto del combustible que quemarán los generadores del barco y los planes de contingencia previstos ante posibles vertidos de hidrocarburos en el medio marino de la bahía.
