El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no tiene potestad para firmar un decreto que anule una venta entre privados, pero sí posee el «botón rojo» de la presión institucional para forzar a Moncloa a intervenir, según confirmaron fuentes especializadas en Derecho Administrativo consultadas por este periodico. «Su margen de maniobra se concentra en una vía administrativa y política directa: exigir la aplicación del Real Decreto-ley 571/2023 sobre inversiones exteriores», indicó la misma fuente.
Esta normativa es el «escudo» que permite al Consejo de Ministros vetar o condicionar la entrada de capital extranjero en empresas estratégicas. El argumento de Morales sería sólido bajo los estándares de seguridad nacional: Infraestructura crítica y soberanía de suministro. Un dirigente portuario de Santa Cruz de Tenerife señaló que Moncloa accedería «que no quepa la menor duda» a apoyar a la tesis de autoridades Canarias máxime cuando en el PSOE hay una división industrial que lidera Felipe González, asesor del dueño de las terminales vendidas, Boluda Ros.
También tiene a su mano el artículo 7 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que dice: «Las entidades privadas, siempre que las circunstancias lo aconsejen y, en todo caso, cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas que puedan afectar a la Seguridad Nacional, deberán colaborar con las Administraciones Públicas. El Gobierno establecerá reglamentariamente los mecanismos y formas de esta colaboración». Y añade la norma: «El Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, establecerá cauces que fomenten la participación del sector privado en la formulación y ejecución de la política de Seguridad Nacional«.
Las terminales de Boluda en Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario no son simples almacenes; son el cordón umbilical del abastecimiento de 2,2 millones de ciudadanos. Y 17 millones de turistas que pueden ser desviados por ejemplo en el ámbito del turismo de cruceros por precios más bajos en una área donde la ONU todavía no ha decidido quién debe ser su titular tras la salida de España del Sáhara Occidental. La entrada de un Estado extranjero (Marsa Maroc) en el 45% de la gestión otorga control sobre datos de flujo comercial y capacidad de bloqueo operativo.
Morales puede elevar un informe al Ministerio de Economía y al CNI advirtiendo que la «tricontinentalidad» no puede ser una coartada para entregar la llave de la despensa canaria a un actor estatal con el que existen disputas abiertas por las aguas territoriales.
La estrategia de los Cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura pasaría ahora por retratar a la patronal: mientras los empresarios se lucran con el arancel del AIEM alegando «patriotismo económico», Morales puede denunciar que esa misma élite está dispuesta a sacrificar la autonomía del puerto ante Rabat. Al activar la vía del escudo anti-OPAS, Morales trasladaría la presión a Madrid: si el Gobierno de España no interviene, será cómplice de dejar el abastecimiento canario bajo la tutela estratégica del Reino de Marruecos.
