El presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, confirmó este lunes que el Gobierno central tiene paralizada por la denuncia presentada por la isla en enero de 2026 la compra del 45% de las terminales de Boluda por la empresa estatal Marsa Maroc que fue adelantada por Canarymaritime a finales de 2025.
Desde Las Palmas la operación recibió una demanda en contra y en Tenerife, según ha podido saber Canarymaritime, una organización profesional. Emprearios de Puerto del Rosario y de Arrecife de Lanzarote están en la misma clave que Morales. En Las Palmas la operación de Boluda fue aplaudida por la patronal de la que forma parte un alto cargo de Boluda en el consejo del puerto de Las Palmas, Javier Climent, Fedeport, y la tesis de Oneport se supone que coincide con la de Morales al igual que la de Asocelpa.
Según El Plural, en el consejo de la Corporación Boluda, que es accionista del Cope justo despues de la operación Marruecos, se sienta Felipe González y ahí habría que encontrar el origen de los ataques del exsecretario general de PSOE a Pedro Sánchez y del presidente manchego, Emilio García-Page, hombre de confianza de José Bono, exministro de Defensa y ahora empresario con sociedades radicadas en Tánger.
Caballo de Troya
La versión oficial decía hasta ahora que todo eso estaba cerrado pero Morales ha soltado la chispa que alumbra la opacidad de la venta de una concesión estatal que no ha pasado tampoco por los consejos de los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife: «La adquisición del 45% de Boluda -operador portuario y naviero con presencia en Canarias- por Marsa Maroc, empresa semipública marroquí, dudo que esa operación no afecte a Canarias ni a la seguridad del Estado; sé que se está estudiando por la Junta de Inversiones Exteriores y deberá pasar por el Consejo de Ministros, y sigo insistiendo en que se valore con rigor».
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha situado la entrada del capital estatal marroquí en el grupo Boluda en el centro de la amenaza geoestratégica que se cierne sobre Canarias. La adquisición del 45% de la filial de remolque del operador portuario por parte de la empresa semipública Marsa Maroc representa, según el líder insular, un caballo de Troya que compromete la soberanía operativa de las infraestructuras críticas del archipiélago y la propia seguridad del Estado.
Reducir Canarias
Para el presidente insular, la combinación del avance de Dakhla y el desembarco de Marsa Maroc en Boluda no responde a casualidades del mercado, sino a un plan deliberado de debilitamiento económico. Morales exige una respuesta firme al Gobierno de España para evitar que el principal puerto del Atlántico Medio termine supeditado a los intereses geoestratégicos de un vecino que utiliza la migración, la presión militar y la diplomacia mercantil como herramientas de chantaje político.
La operación, que actualmente se encuentra bajo la lupa de la Junta de Inversiones Exteriores y pendiente de dictamen en el Consejo de Ministros, otorga a Rabat una cuota de control inédita sobre el primer operador marítimo y de remolque con presencia en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Morales califica de «irresponsabilidad» la tibieza de las instituciones estatales y autonómicas ante esta penetración corporativa, subrayando que resulta inadmisible permitir que una firma controlada por el reino alauí tome posiciones clave en la cadena de suministros y en la operativa diaria de los muelles canarios.
Esta maniobra empresarial se alinea con la estrategia de expansión portuaria promovida por Marruecos en el Sáhara Occidental. Morales ha vuelto a cargar con dureza contra la misión comercial impulsada por la empresa pública Proexca y la patronal Fedeport para incentivar el desembarco de empresarios canarios en la construcción del macropuerto de Dakhla. Con una inversión de 1.300 millones de euros, la infraestructura marroquí en el Sáhara está diseñada para replicar el modelo de Tánger Med y arrebatar el liderazgo del transbordo atlántico a Las Palmas.
