El sector de la reparación naval en Canarias no solo lucha por contratos internacionales, sino también en los despachos judiciales de Madrid. La Audiencia Nacional ha dictado un auto clave permitiendo que la filial del grupo griego Lavinia, Astilleros Canarios S.A., (Astican) escale su litigio contra el Catastro hasta el Tribunal Supremo. El conflicto se centra en el valor catastral de sus instalaciones, tras una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que no satisfizo las pretensiones de la empresa hispanogriega.
La disputa se remonta a un acuerdo de ejecución de marzo de 2019 dictado por la Gerencia Regional del Catastro de Canarias. Astican, representada por el procurador Pablo José Trujillo Castellano, impugnó la valoración de sus activos, pero la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional desestimó inicialmente su recurso en junio de 2024. Ahora, la justicia reconoce que el caso tiene el suficiente interés casacional para que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia sobre cómo se deben valorar estas infraestructuras industriales estratégicas.
Atenas contra la Madrid
En su ofensiva legal, la empresa del grupo Laskadiris no solo cuestiona cifras, sino que alega la infracción de principios fundamentales, incluyendo artículos de la Constitución Española (24.2, 9.3 y 10.2) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La empresa sostiene que la valoración actual vulnera la Ley General Tributaria y se aparta de la jurisprudencia previa del Supremo. Al admitir el recurso de casación, la Audiencia Nacional acepta que el pronunciamiento del Alto Tribunal es necesario para clarificar el marco normativo que afecta no solo a Astican, sino potencialmente a otros grandes activos industriales del Puerto de Las Palmas.
Este frente judicial es vital para su viabilidad financiera a largo plazo. Una valoración catastral ajustada a derecho es fundamental para la competitividad de un negocio financiero que compite globalmente. El proceso se traslada ahora a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, donde se decidirá si el Catastro debe dar marcha atrás en la valoración.
Noticia escrita por Gara H. Vega. Editado y verificado por Pedro Marrero. Información cruzada sin filtros institucionales. Este análisis no ha sido financiado por publicidad oficial ni condicionado por intereses de lobby.
