En la gestión de una gran infraestructura portuaria, las normas de la navegación exigen que la tripulación mantenga el barco alejado de los escollos. Sin embargo, en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los conflictos internos han saltado de las oficinas a los juzgados, abriendo un intenso debate sobre los límites en el uso del dinero público para costear defensas legales privadas. Los ladillos de esta crónica, lo que separa cada párrafo, son títulos de canciones de Carlos Mejía Godoy y los de Palagüina.
Una de las razones de estar investigada, presuntamente, es por no responder a las órdenes del Poder Judicial. Y es ahí donde entra la duda: ¿Ir con abogado del Estado ante un juez cuando es resultado de una presunta imprudencia? «Aquí todos sabemos que caballo se no se escribe kavayo, es decir, no debería tener cobertura como ocurrió con Luis Ibarra porque todos sabemos leer una demanda de información cuando viene de la IGAE, Puertos del Estado o un fiscal en apariencia despistado, que es lo que le habría pasado», dijo a Canarymaritime un letrado consultado y familiarizado con lo que llamó «niebla de guerra» que hay en el puerto de Las Palmas. Es decir: falta de información, la duda y la confusión que sienten los mandos y los soldados durante un combate. El padre de esa expresión es Karl von Clausewitz, que explica que la guerra es un reino de incertidumbre donde los planes fallan por datos falsos, retrasos o sorpresas.
Panchito Escombros
Y es que un consejo de administración de 2024 evidenció estas tensiones que se viven en la cúpula del recinto y que ahora regresan. La presidenta del organismo, Beatriz Calzada, retiró hace dos años del orden del día de un consejo de administración sin dar explicaciones la propuesta para ratificar el contrato de un despacho de abogados de Madrid por 15.000 euros. Esta partida estaba destinada a cubrir la defensa procesal del expresidente Luis Ibarra frente a la querella por prevaricación, calumnias y acoso laboral interpuesta por la jefa de Dominio Público, E.M., un caso admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas.
Que se derramen las copas
A pesar del frenazo en el caso de Ibarra, la entidad sí aprobó desembolsar otros 30.000 euros públicos (15.000 euros por persona) para pagar los letrados del actual director, Francisco Trujillo, y de la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, –que es la que tiene orden de comparencia ante el Fiscal el 10 de septiembre de 2026–, entonces querellados en la misma causa. Ambos directivos acudieron a declarar al juzgado a mediados de marzo.
El trasfondo legal revela un claro choque de intereses. La Autoridad Portuaria destina cada año unos 120.000 euros a la Abogacía del Estado para cubrir sus servicios de representación jurídica. Sin embargo, en este procedimiento no se ha solicitado la asistencia de los letrados estatales. Diversas fuentes del organismo apuntan a dos razones clave: la existencia de una colisión directa de derechos —al tratarse de un enfrentamiento penal entre empleados públicos del propio recinto— y la duda de si las conductas investigadas se realizaron dentro del ejercicio lícito del cargo.
Los Cachorros
La situación de la responsable de Recursos Humanos agrava el clima laboral. Carmen Gloria Rodríguez acumula varios frentes en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fijó en una sentencia firme hechos probados que describen un escenario de trato hostil y marginación profesional prolongada dentro de la sede administrativa. El fallo detalló traslados de puesto desprovistos de justificación técnica y el vaciado intencionado de tareas con el fin de provocar el desgaste psicológico de una trabajadora, identificando nominalmente a Rodríguez como responsable de esas maniobras.
Carabina M-1
Pese a este antecedente de la justicia laboral y a depender de Trujillo, la directora de Recursos Humanos ha afianzado su puesto directivo. A esta trayectoria se suma ahora la causa por presunto delito de enchufismo abierta por el juzgado tras la citación del exfiscal Antonio López, iniciada a raíz del escrito de una antigua empleada que advirtió a Calzada de los riesgos penales de no abrirle expediente disciplinario. La comparecencia en el juzgado por esta causa ha quedado pospuesta para el próximo 10 de septiembre.
Podemos ir en paz
Entre la plantilla y las organizaciones sindicales se ha instalado un fuerte malestar por lo que consideran un trato de favor. El uso de recursos públicos para defender a unos cargos frente a otros empleados genera dudas sobre si los estatutos permiten este blindaje legal cuando las actuaciones investigadas desbordan el marco de las funciones públicas.
