En los pasillos de las altas finanzas, un canal de comunicación institucional suele ser una pantalla de Bloomberg o un correo con firma criptográfica. En los muelles de Puerto del Rosario, donde reside el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, la frontera logística del comercio atlántico, la operativa diaria de reenganche de contenedores se coordina a través de un grupo de WhatsApp de 12 personas donde los miembros ni siquiera se llaman por su nombre, sino por su número de censo. Los magistrados han determinado la validez jurídica del grupo de WhatsApp como canal vinculante de citación a la estiba: plantar a la empresa cinco veces en un mes constituye una falta muy grave de inasistencia reiterada, dejando claro que en la logística moderna silenciar el chat de la empresa puede salir muy caro.
Esta es la anatomía del litigio que enfrentó al estibador veterano D.M.C.N. con la patronal Centro Portuario de Empleo de Fuerteventura, S.A. (CPE Fuerteventura), y que han zanjado las autoridades judiciales . Una disputa laboral con tintes de comedia de enredos corporativos, valorada exactamente en 184,54 euros brutos al día. Eso es lo que cobra un estibador con esa antigüedad, en Tarfaya eso es al mes.
El conflicto comenzó a fraguarse en el verano cuando D.M.C.N., estibador con antigüedad reconocida desde el 1 de junio de 2003, presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo alertando sobre las deficiencias de mantenimiento en una grúa operada en el muelle por la empresa consignataria Naviera Armas, S.A, ahora un producto financiero de Baleària. Es el capricho de los 11.000 euros: el estibador que se creyó por encima del WhatsApp de la empresa
Un subinspector se desplazó a las instalaciones portuarias para auditar la maquinaria, pero mantuvo en estricto secreto la identidad del denunciante. La tensión operativa se trasladó de inmediato al plano digital durante el mes de octubre, cuando el coordinador de CPE Fuerteventura emitió cinco convocatorias consecutivas en el chat corporativo para cubrir turnos de «dobleaje (literal)» tras las jornadas matutinas. El número de censo del trabajador apareció reflejado en la pantalla en cinco ocasiones para operativas de reenganche de contenedores y tráfico rodado.
La respuesta del empleado convirtió el chat en un campo de batalla silencioso. D.M.C.N. completó sus turnos habituales de mañana, pero decidió ignorar de forma sistemática los cinco mensajes de reenganche, acumulando cinco plantones en un solo mes natural sin aportar justificación médica ni operativa. En noviembre, la dirección de CPE Fuerteventura reaccionó incoando un expediente disciplinario que culminó con una sanción de falta muy grave conforme al V Acuerdo Marco del sector de la estiba: 60 días de suspensión de empleo y sueldo, lo que supuso para el operario una pérdida salarial directa superior a los 11.000 euros.
En el campo de batalla judicial, la estrategia de la defensa intentó desplegar la maniobra de la garantía de indemnidad, alegando que la sanción no era más que una represalia orquestada por haber señalado el peligro de las grúas de Naviera Armas, S.A., e intentando recalificar las ausencias como meras faltas leves. Sin embargo, la Sala de lo Social en Las Palmas aplicó un rigor puramente anglosajón para desestimar el recurso.
Los magistrados determinaron que la Inspección jamás reveló quién puso la denuncia, por lo que la patronal no podía represaliar a alguien cuya identidad desconocía oficialmente. Asimismo, el fallo confirmó la validez jurídica del grupo de WhatsApp como canal vinculante de citación y concluyó que plantar a la empresa cinco veces en un mes constituye una falta muy grave de inasistencia reiterada, dejando claro que en la logística moderna silenciar el chat de la empresa puede salir muy caro.
