
El sector pesquero europeo ha elevado el tono ante la Comisión Europea. A través de una posición firme liderada por la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) —en su condición de miembro de CEPESCA integrado en la patronal continental Europêche—, los armadores y pescadores exigen un cambio de rumbo urgente en la revisión en curso de la Política Pesquera Común (PPC). El objetivo es salvar a una flota en retroceso y garantizar la soberanía alimentaria del continente.
La reclamación formal se escenificó en Bruselas durante la reunión del Comité de Diálogo Social Sectorial de la Pesca. En dicho encuentro, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) expuso su evaluación de la PPC junto a una radiografía de la flota comunitaria. El diagnóstico oficial confirma un declive continuado de los buques europeos desde la gran reforma de 2012. Sin embargo, la receta de Bruselas sigue pasando por imponer nuevas reducciones de capacidad, una contradicción regulatoria que el sector considera inasumible.
Las organizaciones pesqueras defienden que los criterios sociales y económicos dejen de ser los «parientes pobres» de la legislación comunitaria y pasen a situarse exactamente al mismo nivel que los objetivos medioambientales. Los pescadores recuerdan que los esfuerzos de gestión aplicados en los últimos años ya han dado frutos significativos en la recuperación y consolidación de numerosos caladeros y poblaciones de peces.
La patronal lamenta profundamente la falta de autocrítica de la DG Mare. Denuncian que el brazo ejecutivo de la Unión Europea esquiva asumir su responsabilidad en problemas estructurales como la pérdida de competitividad, las barreras insalvables para el relevo generacional y la imposición de normativas de imposible cumplimiento. Esta asfixia burocrática coincide, además, con una apertura total del mercado europeo a las importaciones de terceros países. Al no exigirse a estas potencias extranjeras los estrictos estándares ambientales y laborales que cumple la flota de la UE, se genera una competencia desleal que expulsa a los productores locales del mercado.
Descarbonización bloqueada por la propia burocracia
La transición energética y la reducción de la huella de carbono centraron buena parte de las discusiones en el comité regulador. OPAGAC ha manifestado su total sintonía con el objetivo de avanzar hacia una actividad más limpia y eficiente, pero advierte de que la descarbonización es inviable bajo las actuales reglas del juego de la Unión Europea. «Europa no puede pedir a la flota que acelere su descarbonización mientras mantiene criterios de capacidad que dificultan precisamente las inversiones necesarias para acometer esa transición», concluye Julio Morón, director gerente de OPAGAC.
La contradicción técnica es evidente para los armadores: la instalación de motores con tecnologías limpias o combustibles alternativos viables requiere, en la mayoría de los casos, espacio adicional y reformas estructurales en los barcos. Si Bruselas prioriza la descarbonización pero al mismo tiempo penaliza de forma inflexible la capacidad y el tonelaje de los buques, el marco regulatorio se convierte en el principal enemigo de la modernización de la flota. El sector advierte de que, si no se flexibilizan estas métricas de capacidad, la Comisión Europea estará abocando a la pesca del continente a cumplir metas de imposible ejecución.










