Ni Ben Magec Ecologistas en Acción dice nada. La presión para cerrar el paso al gas de Totisa Holding fue unánime, con el buque turco de la energía todo el mundo se abstiene. El debate sobre la emergencia energética en Canarias ha tomado un rumbo inesperado. Mientras la multinacional turca Karadeniz Powership mantiene un silencio sepulcral sobre el impacto de sus barcazas de generación eléctrica, es el propio Gobierno de Canarias quien ha asumido el papel de principal valedor del proyecto en el puerto de Las Palmas (Coalición Canaria). Esta actitud ha desatado una tormenta de dudas el sectores del puerto de Las Palmas: ¿Por qué la administración pública hace el ‘lobby’ que le correspondería a una empresa privada?
Otra cosa es que la empresa no haya sido ‘tocada’ formalmente por el Ejecutivo canario que, a efectos preventivos si hay un apagón en Gran Canaria, pueda echar la responsabilidad al Puerto de Las Palmas (CC) por negarse a dar cobertura al proyecto, supuesto. La experiencia de Puerto Viejo, en Azua (República Dominicana), sirve como un espejo inquietante para el archipiélago. Allí, las mismas barcazas comenzaron a operar entre tres áreas protegidas, expulsando un humo denso que afectó a la salud de los vecinos. En ese caso, la licencia ambiental ha sido duramente criticada por obviar leyes constitucionales y normativas de pesca, priorizando el uso de Búnker 6, uno de los combustibles más contaminantes y baratos, en lugar de gas natural.
El PP ha establecido con el plan del parche energético una teoría: confinamiento energético en Gran Canaria o apagón desde el puerto de Las Palmas si no se da cobertura a la embarcación. Las patronales portuarias de Las Palmas no se van a oponer.
El silencio de Karadeniz y la voz del Ejecutivo
Resulta anómalo en el entorno empresarial que una compañía con un contrato millonario superior a 200 millones de euros que serían negociados bajo exclusividad técnica en juego no se explique para defender su sostenibilidad o beneficios sociales. En su lugar, el Ejecutivo canario es quien insiste en la «extrema necesidad» de estas plataformas para evitar apagones, minimizando los riesgos ambientales que ya denuncian expertos en el Caribe.
En Azua, República Dominicana, el director del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, Euren Cuevas, es tajante: «A ellos no les importa la salud, quieren ganar dinero». El ruido constante, las vibraciones y el vertido de agua caliente al mar son realidades que la empresa no ha desmentido con datos, dejando que sean los gobiernos locales quienes carguen con el coste político de la defensa del proyecto.
Un espejo peligroso para las islas
Los pescadores dominicanos ya reportan una caída en la captura de peces y los habitantes de la zona de Los Negros sufren sofocos nocturnos por las emisiones de nitrógeno y azufre. Si este modelo se traslada a puerto de Las Palmas bajo el paraguas de la «emergencia», el archipiélago se enfrenta al mismo dilema: ¿Salud y sostenibilidad o parches eléctricos de alto coste ambiental?
La pregunta queda en el aire de las sedes oficiales: ¿Qué intereses llevan al Gobierno regional a actuar como escudo de una multinacional que ni siquiera se molesta en explicar cómo protegerá el ecosistema canario? La «escena del crimen» ambiental descrita en República Dominicana es hoy el aviso que las plataformas sociales canarias utilizan para exigir transparencia ante una gestión que parece favorecer más a la cuenta de resultados turca que al bienestar de las islas.
