El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de acusación formal ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria en el marco del procedimiento abreviado 2337/2025. El órgano público solicita una pena de nueve años de prisión y una multa económica de 1,5 millones de euros para el ciudadano identificado por las iniciales AMG, acusado de un delito notorio de tráfico de estupefacientes a gran escala entre las islas del archipiélago.
Los hechos que fundamentan la acusación se remontan a la tarde del 5 de agosto de 2025. Según el relato provisional de la fiscalía, el procesado desembarcó a las 17:15 horas en los muelles del Puerto de La Luz y de Las Palmas a bordo de un buque de pasaje y carga de la compañía Naviera Armas procedente de la isla de Lanzarote. La intervención policial se desencadenó tras detectarse anomalías estructurales en el vehículo particular del sospechoso, un turismo con matrícula 2176-KBV. Los agentes de seguridad hallaron en el interior del automóvil una serie de habitáculos ocultos y específicamente camuflados para el transporte de sustancias ilícitas.
La inspección del vehículo permitió incautar un cargamento que arrojó un peso neto de 21.077 gramos de cocaína. Los análisis de laboratorio posteriores confirmaron que la sustancia intervenida presentaba un índice de pureza extraordinariamente elevado, fijado en el 85,56% de riqueza de principio activo. La Fiscalía evalúa el impacto patrimonial de la droga interceptada en 612.885 euros en el mercado ilícito de distribución, sosteniendo que el cargamento estaba destinado al abastecimiento de redes locales de menudeo en la isla de Gran Canaria.
El escrito de conclusiones provisionales califica el expediente de forma estricta como un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan un grave daño a la salud, concurriendo además la agravante específica de notoria importancia en la cantidad interceptada. El acusado, que carece de antecedentes penales computables, permanece en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza desde el mismo día en que se ejecutó su detención en el recinto portuario.
La acusación pública, que no contempla la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes modificativas de la responsabilidad criminal, solicita la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. El Ministerio Fiscal reclama, además de la pena privativa de libertad y la sanción económica millonaria, el comiso definitivo de la partida de cocaína y del vehículo utilizado para el transporte logístico del alijo, computándose de forma íntegra el tiempo que el procesado ha pasado en prisión preventiva para el descuento de la condena final.
