La Fundación Puertos de Las Palmas se encuentra en una situación de indefensión legal crítica tras el fracaso en la aprobación de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025. El bloqueo en el órgano de gobierno, derivado de las discrepancias internas entre sus patronos y Puertos del Estado, ha dejado a la entidad en una situación de acefalía contable que, a ojos de cualquier jurista especializado en derecho fundacional, constituye una invitación abierta a la intervención judicial. La falta de transparencia financiera, agravada por el apercibimiento formal de Puertos del Estado, invalida la legitimidad de la dirección para seguir operando como gestora de fondos públicos.
Desde un punto de vista procesal, la ausencia de cuentas anuales aprobadas en el registro correspondiente es una irregularidad insubsanable. La normativa española es taxativa: la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos sine qua non para que una fundación mantenga su personalidad jurídica plena. Al no cumplir con esta obligación, el patronato ha perdido su armadura legal. En el derecho administrativo actual, cualquier interesado —desde acreedores hasta instituciones públicas vinculadas— posee la legitimación necesaria para solicitar la disolución ante el Protectorado de Fundaciones o la autoridad judicial competente. No es necesaria una mayoría dentro del patronato para iniciar este proceso; basta con la denuncia de una irregularidad flagrante que compromete el interés público.
La gravedad del escenario se intensifica al considerar que los patronos han recibido una advertencia directa de Puertos del Estado sobre su responsabilidad patrimonial personal. Esta advertencia no es una recomendación, sino un aviso previo de ejecución. Si los administradores persisten en mantener viva una estructura que carece de respaldo contable, se exponen a que el velo corporativo sea levantado en un eventual proceso de responsabilidad civil. La jurisprudencia es clara al respecto: la omisión en la presentación de cuentas en una entidad bajo vigilancia pública denota una gestión desleal. Los patronos que autoricen gastos sin haber sometido sus cuentas al escrutinio legal están operando fuera del marco de la Ley de Fundaciones, arriesgando su patrimonio privado ante cualquier reclamación.
La «agenda social» que la fundación intenta mantener como escudo es, desde el prisma del tribunal, una estrategia de distracción. La actividad benéfica no convalida la ausencia de control fiscal. Si los recursos se siguen movilizando mientras los libros contables están en blanco, nos encontramos ante una gestión de fondos sin legitimación. Esta situación es una invitación para que el Protectorado actúe de oficio o ante la petición de cualquier tercero interesado. La parálisis administrativa ha dejado a la fundación sin argumentos legales para protegerse de una liquidación forzosa. La estructura ha dejado de ser un vehículo de utilidad pública para convertirse en un pasivo jurídico para sus integrantes.
