El bolsillo de las familias canarias no solo sufre las consecuencias de la volatilidad internacional, sino también el peso de un sistema impositivo que el sector de la distribución tilda de obsoleto. Alfredo Medina, secretario general de ASODISCAN, la patronal de la gran distribución, ha elevado el tono ante los micrófonos de La Radio Canaria para exigir al Gobierno regional una medida drástica: la suspensión temporal del AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías). Según el representante de las grandes superficies, este tributo, diseñado originalmente para proteger la producción local, se ha convertido en un multiplicador de precios que agrava una cesta de la compra que «lleva años» bajo una presión alcista insostenible.
Aunque el Ejecutivo autonómico ha movido ficha con la reducción del IGIC en artículos básicos como la sal o la mantequilla, la patronal considera este avance «positivo pero insuficiente». Medina sostiene que la crisis de precios no es un fenómeno coyuntural derivado de los últimos conflictos bélicos, sino una tendencia estructural que arrastra el archipiélago desde hace tres ejercicios. En este escenario de encarecimiento crónico, cualquier alivio fiscal se percibe como una bombona de oxígeno necesaria para unas familias que, en un número creciente, admiten serias dificultades para llegar a fin de mes.
El foco de ASODISCAN sobre el AIEM pone sobre la mesa el debate sobre la vigencia de ciertos mecanismos del Régimen Económico y Fiscal (REF). El sector defiende que, ante una inflación persistente, carece de sentido mantener gravámenes sobre productos importados que terminan inflando el tique final del supermercado. «Merece la pena dejarlo en suspenso mientras la presión continúe», argumenta Medina, instando a realizar un análisis profundo sobre qué artículos y tipos impositivos están castigando injustamente la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo del ciudadano.
La propuesta de la asociación no solo busca una tregua temporal, sino una política fiscal más flexible y adaptada a la realidad canaria. Con los precios de los fletes y las materias primas en niveles críticos, la gran distribución advierte de que las rebajas puntuales de impuestos indirectos son meros parches si no se aborda el coste de entrada de la mercancía en las islas. El desafío para el Gobierno de Canarias es ahora equilibrar la protección a la industria local que ofrece el AIEM con la urgencia de frenar una escalada de precios que amenaza con cronificar la precariedad en el archipiélago.
