No hay nada más humillante que el cálculo aritmético de una existencia interrumpida. Para la maquinaria del Estado, la vida de un marinero atrapado entre el óxido de un buque y el cemento de una celda se reduce a una ecuación de ‘lucro cesante’ y ‘daño moral’. Este hombre pasó 1.448 días —exactamente tres años, once meses y diecisiete días— habitando el vacío de la prisión provisional por una cocaína que nunca tocó y un delito que nunca comprendió, según adelantó el pasado martes Canarias7. Ha estado 20 años pleiteando.
Al final, la justicia administrativa, con esa frialdad técnica que caracteriza a las democracias terminales, ha decidido que su libertad tiene un precio de liquidación: unos 51 euros por cada día de juventud confiscada. Es la parodia definitiva del intercambio: el Estado te arrebata el tiempo, la luz del horizonte y la presunción de inocencia, y dos décadas después te devuelve un cheque de 74.000 euros, calculado sobre el Salario Mínimo Interprofesional, como si la estancia en el infierno fuera, simplemente, una modalidad de desempleo mal gestionada.
El reciente fallo de la Audiencia Nacional, que eleva la indemnización de un marinero absuelto de narcotráfico a los 74.000 euros, representa un caso de estudio sobre el riesgo sistémico de la justicia preventiva en España. El demandante, que fue vinculado erróneamente al transporte de 2,7 toneladas de cocaína en el buque IBY-1 —un cargamento valorado en más de 100 millones de euros—, ha tenido que litigar durante dieciséis años para obtener una compensación por los cuatro años que pasó en prisión antes de ser declarado inocente. Desde una perspectiva de gestión pública, el caso subraya la ineficiencia de un sistema de responsabilidad patrimonial que, inicialmente, se negó a reconocer el error hasta que el Tribunal Constitucional forzó un cambio de doctrina en 2019.
En términos contables, el ajuste al alza de la indemnización responde a la inclusión del concepto de ‘lucro cesante’. Mientras que el Ministerio de Justicia pretendía limitar la compensación al ‘daño moral’ (fijado en 47.000 euros), el tribunal ha tenido que aplicar criterios objetivos de salario mínimo para valorar el tiempo productivo perdido por el trabajador. Ante la falta de registros salariales claros de 2005, la justicia ha optado por una valoración estándar, una solución que, aunque jurídicamente sólida, pone de manifiesto la precariedad de los sectores laborales marítimos frente a las intervenciones policiales de alto perfil.
El impacto reputacional para la Administración de Justicia es notable. El proceso revela un ciclo de apelaciones y denegaciones que ha durado cuatro veces más que la propia estancia del marinero en la cárcel. La sentencia, que aún permite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, deja una lección financiera clara para el Estado: el coste de la prisión provisional no es solo humano, sino un pasivo contingente que puede tardar décadas en liquidarse. En un mercado de derechos fundamentales, la libertad del ciudadano sigue siendo el activo más infravalorado por el presupuesto público, tasado aquí a precio de mano de obra no cualificada para cubrir un error de diagnóstico policial de 101 millones de euros.
