La posible aplicación de un mecanismo de intervención administrativa, equivalente en su capacidad coercitiva a una figura de excepción como el artículo 155, se cierne sobre la Fundación Puertos de Las Palmas tras el incumplimiento reiterado de las directrices de disolución emanadas por el regulador estatal. Puertos del Estado, ante la negativa de la presidencia Beatriz Calzada a resolver los contratos declarados ilegales y su insistencia en mantener una estructura orgánica bajo sospecha, prepara una toma de control técnico que permitiría liquidar forzosamente la entidad y anular la capacidad de gestión de Beatriz Calzada sobre este ente.
La dinámica interna de la Autoridad Portuaria ha quedado desautorizada. La presidenta Calzada confirmó a Canarias Ahora este jueves que busca tiempo mediante la presentación de contrainformes y la promesa de «correcciones», pero estos movimientos son interpretados por Madrid como maniobras de dilación, según ha podido confirmar Canarymaritime desde fuentes del Ministerio de Transportes.
Precedente de tutela directa ante la opacidad
Esta intervención no solo implicaría el cese de la autonomía decisoria de la Autoridad Portuaria en el ámbito fundacional, sino que también sentaría un precedente de tutela directa para frenar la instrumentalización política de los activos portuarios, desplazando el mando hacia los auditores centrales para sanear un modelo de gestión que, en la práctica, ha quedado desautorizado por los servicios jurídicos del Estado.
Escrutinio sin precedentes del regulador central
La dirección del organismo se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes por parte de Puertos del Estado, que comienza a contemplar la intervención directa ante la persistencia de las irregularidades detectadas en su fundación. La aplicación de un mecanismo de control ejecutivo, asimilable en la práctica política a una intervención administrativa de facto, sobrevuela ahora las decisiones del consejo de administración de Puertos de Las Palmas, dueña de la Fundación, tras el rechazo a disolver una estructura declarada ilegal por los auditores.
Advertencias sobre responsabilidad patrimonial
El organismo estatal central va a endurecer su postura después de que el último consejo ignorase las advertencias sobre la contratación irregular y el nepotismo en la Fundación Puertos de Las Palmas. La abogada del Estado y los representantes de Puertos del Estado en Gran Canaria han advertido que la continuidad de esta situación no solo vicia los procedimientos administrativos, sino que genera una responsabilidad patrimonial y legal directa para quienes, conociendo las ilegalidades, deciden mantenerlas. La paciencia del ente central parece haberse agotado, desplazando el foco hacia la posibilidad de una intervención técnica para forzar el cumplimiento de la ley.
La normativa de 2013 como punto de fricción
La normativa de 2013 que mandataba la disolución de estas fundaciones ha sido ignorada bajo el pretexto de una concesión de suelo portuario que expira en 2028. El Estado no descarta tomar el mando directo de la fundación para proceder a la liquidación forzosa, anulando así la capacidad de decisión de la presidencia sobre los contratos vigentes.
Un riesgo reputacional para el nodo logístico
El riesgo para la institución es absoluto. Si Puertos del Estado aplica esta suerte de control excepcional, la autonomía de gestión de Beatriz Calzada quedaría reducida a la mínima expresión en todo lo referente a la fundación. Esta medida sería un golpe reputacional inédito para el puerto, un nodo logístico esencial que maneja millones de toneladas de mercancías anuales y que ahora ve cómo su prestigio se desmorona bajo el peso de un conflicto con el regulador nacional. La falta de alineamiento con Madrid ha transformado una crisis de gestión en una batalla por la tutela administrativa del organismo.
Fractura en la jerarquía de mando
La jerarquía de mando se encuentra fracturada. Mientras el equipo insular intenta ganar margen de maniobra hasta 2028, Puertos del Estado avanza en la construcción de un expediente que justifica la intervención inmediata. La abogada del Estado ha sido clara en su dictamen: la responsabilidad de mantener las contrataciones a dedo recae directamente sobre el consejo de administración. El Estado parece dispuesto a romper la inercia de la fundación, aplicando una corrección forzosa que limite las competencias de la presidencia y garantice que el dinero de la dársena se emplee bajo estrictos criterios de auditoría.
El fin de la vía del diálogo
Las próximas semanas serán determinantes. Beatriz Calzada se enfrenta a la difícil tarea de justificar ante el Estado una estructura que este mismo considera un lastre ilegal. El juego de dilaciones ha terminado y el regulador ha dejado de aceptar las explicaciones de la presidenta como válidas. La aplicación de este «artículo 155» administrativo sobre la fundación portuaria parece cada vez más cerca, lo cual supondría el cese de facto de la capacidad de influencia política sobre un organismo que, diseñado para el comercio internacional, ha acabado secuestrado por una agenda localista y un entramado de personal altamente controvertido.
Imposición estatal frente a la inercia
El Estado dispone de las herramientas legales para forzar el cierre y evitar que la situación se enquiste hasta 2028. La lealtad institucional ha quedado rota en el momento en que se optó por la huida hacia adelante frente a las advertencias de los servicios jurídicos. La autoridad insular queda ahora a la espera de un movimiento definitivo desde Madrid que podría cambiar el organigrama y las competencias del puerto de Las Palmas. La intervención, en última instancia, sería el reconocimiento de que la vía del diálogo administrativo ha fracasado y que solo la imposición estatal puede restaurar la legalidad en el seno de la fundación.
