Pasta frente a menudeo. El análisis comparativo de la contratación pública de las dos autoridades portuarias del archipiélago canario revela una profunda asimetría estructural en el modelo de negocio e inversión de las provincias atlánticas. Mientras la Autoridad Portuaria de Las Palmas opera como un transatlántico financiero con 334 contratos licitados y un volumen de gasto de 64,52 millones de euros, su contraparte de Santa Cruz de Tenerife presenta un balance sustancialmente más modesto, registrando 205 contratos públicos por un valor agregado de apenas 22,35 millones de euros. Esta brecha presupuestaria evidencia cómo el control logístico del Atlántico Medio se escora hacia los muelles orientales, que gestionan casi el triple de capital circulante que los occidentales.
La disparidad de los balances no se limita al volumen bruto de inversión, sino que define dos filosofías corporativas divergentes. Las Palmas concentra su fuerza en el sector pesado de la construcción y los bloques de cemento, partidas que absorben el 59,1% de sus contratos para sostener el crecimiento de sus diques y zonas de abastecimiento. Santa Cruz de Tenerife, por el contrario, distribuye su presupuesto con un perfil marcadamente digital y consultor, donde el ladrillo tradicional apenas representa el 27,7% del pastel, cediendo un terreno inusual a partidas de software, licencias informáticas y tecnología de la información, que conjuntamente asumen más de un tercio de la actividad contractual de la provincia occidental.
Del búnker de combustible de Gran Canaria a los bytes informáticos de Tenerife.
La naturaleza de las licitaciones actualmente activas en ambas provincias portuarias subraya el diferente destino de los fondos del contribuyente. Mientras Las Palmas tramita proyectos de gran envergadura física, como una nueva galería de servicios para el suministro de combustible por 2,55 millones de euros, o el acondicionamiento de los accesos al Contradique Sur de Arrecife por 464.722 euros, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se mueve en un rango de microgasto operativo. Las principales licitaciones tinerfeñas se orientan al suministro de combustible para su flota interna por 141.128 euros, servicios de asistencia técnica para el ciclo del agua por 114.731 euros, y un contrato de 145.158 euros para la renovación de su portal web institucional.
El comportamiento de los costes en los expedientes de software y material informático en Tenerife refleja una paradoja contable para las arcas públicas. Aunque los paquetes de sistemas de información representan el mayor volumen de consultas técnicas de la entidad tinerfeña, las bajas comerciales aplicadas por las tecnológicas en la firma de contratos son muy reducidas, promediando un escaso 7,14% en los paquetes de software. Esta rigidez financiera contrasta con los servicios de auditoría y consultoría jurídica del puerto tinerfeño, donde los licitadores se ven obligados a aplicar descuentos drásticos que alcanzan el 30,46% para lograr capturar el contrato gubernamental.
Oligopolios de asfalto frente al menudeo de talleres técnicos.
El listado de los principales contratistas de ambas instituciones evidencia el grado de concentración empresarial que domina cada recinto portuario. En Las Palmas, una sola corporación regional, Lopesan Asfaltos y Construcciones monopoliza de forma absoluta el balance al capturar 28,74 millones de euros a través de 42 contratos mayores. En el escenario de Santa Cruz de Tenerife no existe un gigante del asfalto que canibalice el presupuesto público, registrándose un reparto mucho más fragmentado donde el principal proveedor es una firma de reparaciones mecánicas, Talleres de Reparaciones Nicolás Quintana, S.L., con 19 adjudicaciones menores que suman un modesto importe de 428.483 euros.
La competencia efectiva también ofrece lecturas contrapuestas en los extremos del archipiélago. El puerto tinerfeño logra registrar eficiencias de coste notables a través de proveedores como Globalan, SL, que asume contratas con una rebaja media del 25,4% sobre el precio de salida. En Las Palmas, las subcontratas de servicios auxiliares y suministros eléctricos operan habitualmente con bajas técnicas del 0,0%, garantizando el margen de beneficio de los operadores habituales del muelle en un ecosistema que, a diferencia del diversificado modelo técnico de Tenerife, sigue supeditado a las directrices de las grandes constructoras y patronales de Gran Canaria.
