En el fascinante universo de la gobernanza pública, pocas cosas transmiten tanta paz institucional como un Código Ético impecablemente redactado. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dicho documento de 2023 y revisado en dos ocasiones en los últimos años es una verdadera obra de arte del compliance moderno: promete neutralidad, pondera la transparencia y garantiza canales confidenciales para erradicar cualquier sombra de trato de favor. Sin embargo, en los pasillos del edificio administrativo ha comenzado a circular un pequeño detalle operativo que aporta un matiz inolvidable a la trama. El Comité Ético del organismo sencillamente no existe formalmente. No hay nombrado al responsable de esa área y las funciones están en manos de su director, Francisco Trujillo, que no habría dado explicaciones a la presidenta portuaria, Beatriz Calzada, de la existencia de un conflicto de interés al colarse un familiar en una selección de personal, precisamente, para el área de control de riesgos.
Este martes, la trastienda del puerto encajó la noticia con una mezcla de estupor y risa nerviosa. Mientras el proceso selectivo para cubrir la Jefatura de Auditoría y Control Interno sigue su curso —con el expediente de un familiar del propio director del puerto, Francisco Trujillo, entre los papeles ponderados—, los trabajadores han descubierto el secreto mejor guardado de la casa. El órgano encargado de velar porque los sentimientos y las afinidades personales no interfieran en los fichajes institucionales es una entidad etérea, una abstracción administrativa que jamás llegó a constituirse con sus correspondientes actas y nombramientos oficiales.
En su lugar, el puerto opera con una suerte de órgano informal de integridad que, en un alarde de pragmatismo barroco, preside el propio Trujillo. El diseño roza la genialidad de la ingeniería institucional: el directivo sobre el que recae la sombra indirecta de un eventual conflicto de interés por la candidatura de su allegado lidera, al mismo tiempo, el club de lectura donde se debate si las normas éticas de la entidad han sido rozadas. Se trata de un bucle de autocontrol tan perfecto que deja en aficionado a cualquier auditor externo.
Calma en la web, marejada en la plantilla
Mientras la versión oficial transmite la serenidad de quien tiene todos los papeles en regla, el ambiente entre los trabajadores de la Autoridad Portuaria se sitúa en niveles de tensión difícilmente disimulables. La plantilla asiste al espectáculo de la jefatura de control interno con la incómoda sensación de estar presenciando un ejercicio de ilusionismo normativo. ¿Ante quién se supone que debe acudir un empleado para denunciar una irregularidad si el buzón de ética desemboca en una mesa presidida por la misma persona a la que salpica la controversia?
Para los funcionarios y el personal laboral que deben justificar cada factura, cada trienio y cada informe técnico bajo la amenaza constante de la advertencia disciplinaria, descubrir que el supremo guardián de la virtud portuaria es un ente fantasma liderado por el propio director ejecutivo resulta difícil de digerir. El malestar es tangible y la desconfianza hacia los procesos de promoción interna se ha extendido como una mancha de aceite sobre la dársena.
La invención de la autorregulación circular
El apartado 9 del Código Ético de la entidad establecía con solemnidad que el Gestor Ético debía garantizar la protección de los denunciantes, resolver las dudas sobre incompatibilidades y elevar informes periódicos al Consejo de Administración para preservar la imparcialidad del enclave. El texto pretendía proyectar hacia las multinacionales del tráfico marítimo y los operadores concesionarios una imagen de rigor homologable a los estándares de la Unión Europea. La realidad, sin embargo, ha demostrado que el sistema de compliance de La Luz se asemeja más a un decorado de cine: majestuoso de frente, pero sostenido por dos listones de madera cuando se mira desde el lateral.
La existencia de un comité ético informal que se reúne bajo la tutela de la misma dirección a la que debería supervisar convierte la arquitectura de buen gobierno en una parodia de sí misma. En el ajedrez administrativo del puerto, el Rey no solo juega la partida, sino que además ostenta el cargo de árbitro y tiene la facultad de decidir si sus propios movimientos respetan las reglas del tablero. Si un aspirante al puesto que debe auditar la casa resulta ser un familiar directo del máximo ejecutivo, la respuesta del órgano de control interno informal está garantizada: la armonía es absoluta porque nadie se va a llevar la contraria a sí mismo.
El riesgo político de gobernar con espejismos
El estado de sobretensión que se respira en la plantilla no es únicamente un problema de clima laboral; es un riesgo reputacional de primera magnitud para una institución que se aproxima a un año electoral convulso. A menos de doce meses para la cita con las urnas autonómicas, la cúpula de la Autoridad Portuaria ha quedado expuesta a un fuego cruzado donde la base jurídica del concurso para la Jefatura de Auditoría tambalea por momentos. Cualquier aspirante excluido en el corte del 12 de junio —aquel donde el Tribunal ajustó los méritos de experiencia análoga a mitad de procedimiento— cuenta ahora con un argumento para impugnar la convocatoria ante los tribunales: la inexistencia real de los órganos de arbitraje ético previstos en las bases.
El desenlace de esta comedia de costumbres administrativas dictará si los códigos de buen gobierno en las instituciones canarias sirven para garantizar la libre concurrencia o si son simplemente un folleto decorativo para vestir la página web. Mientras tanto, en los despachos del Puerto de Las Palmas, el comité que no existe sigue velando en silencio por la moralidad de todos, demostrando que la mejor manera de no tener problemas de ética es asegurarse de que el juez, el fiscal y el acusado compartan la misma silla.
